DECLARACIÓN PÚBLICA

El Colegio de Antropólogos de Chile A.G. se hace un deber en denunciar a la opinión pública los hechos que a continuación se exponen:

El día VIERNES 5 DE MAYO, a primera hora de la tarde, nuestro observador en la zona de Ralco se dirigía, en compañía de las hermanas Quintramán, hacia el Alto Bíobío. El trayecto lo hacían en el vehículo de la organización pehuenche. Al salir del pueblo de Ralco, consultaron a Carabineros de Chile acerca de las condiciones de seguridad para su retorno a la comunidad. Las autoridades policiales garantizaron que no había riesgo para ellos. Sin embargo, al pasar junto a trabajadores de ENDESA, fueron apedreados, poniéndose en peligro las vidas de los ocupantes del vehículo. La maniobra del conductor, el observador destacado por nuestro Colegio en la zona, evitó una tragedia de proporciones. El vehículo, con todos sus vidrios quebrados, pudo llegar a su destino.  

Frente a los hechos relatados, es preciso señalar que la policía se mantuvo impasible, permitiendo con su pasividad que se desencadenaran luctuosos sucesos similares en su forma a una emboscada. Esto no puede ser motivo sino de la más grave preocupación pública. La fuerza policial abandona sus funciones más fundamentales, dejando en el más profundo abandono a ciudadanos indefensos.  

A la situación descrita concurren hechos de similar o mayor gravedad. Duele (o debiera doler a la conciencia ciudadana) que la obstinación pública conjugada con la insensibilidad privada lleve a los sectores más débiles de la sociedad a un enfrentamiento fratricida. Falla la autoridad pública al no garantizar la sana convivencia de los sectores más desprotegidos de la sociedad.  

Tampoco puede pecar la opinión pública de ingenuidad al no ver en la acción de los trabajadores de Ralco la expresión mórbida de los intereses de la empresa.   El Colegio de Antropólogos de Chile A.G. convoca al país a profundizar en las causas que han desencadenado situaciones como las descritas, a educarse en los asuntos que afectan a las comunidades indígenas, y a exigir de autoridades y particulares conductas que respondan a los anhelos del reparo histórico del que ellas son acreedoras.  

También pone el Colegio en alerta a las autoridades respecto de las transgresiones que a su amparo se producen y de su responsabilidad frente a eventuales desgracias que ocurran en la zona del conflicto.

Juan Carlos Skewes V.

  Presidente

Valdivia, 7 de mayo de 2000