ROCINANTE 69 / SOCIEDAD /
REPORTAJE / PÁG 39-40
Un pequeño Ralco en la
Décima Región
Huilliches
de Pargua: alimento para peces
Las luchas y agresiones a los indígenas que se oponen
a la instalación de la empresa Long Beach en Pargua. Sus soledades,
al enfrentar un parque industrial ilegal que contamina sus aguas y tierras con
la venia y omisión de las autoridades.
Rodrigo J. Quintana
En pleno luto por el fallecimiento del padre, un
lunes 9 de julio del 2001, Long Beach
irrumpió por primera vez en los terrenos de la familia huilliche
Millaquén Guerrero. Las máquinas atravesaban
atronadoras por el camino que los hijos habían habilitado para que la familia
grande se pudiera reunir en el hogar y rezar la novena.
Pocos meses después, la primera mañana de febrero del
2002, la familia Millaquén Guerrero tuvo que
enfrentar a un destacamento de guardias privados de la empresa Long Beach que escoltaban
maquinaria pesada. Su misión, por segunda vez, era iniciar las obras de un
camino que atravesaría las tierras a cómo diera lugar.
Era la culminación de la violencia y el inicio del
desamparo. Un proceso iniciado en 1994 por Rubén Cárdenas, alcalde de Calbuco, quien decidió destinar 20 kilómetros de playas en
Alto Pargua, décima región, a un parque industrial
pesquero sin participación de la comunidad y al margen de la ley. Una oscura
jugada que ha enemistado a una numerosa familia, contaminado la costa y condena
extensas tierras agrícolas de bosque nativo.
Rumbo a la violencia
Long Beach adquirió un terreno
agrícola a 35 metros de la casa de doña Clementina Millaquén,
de 74 años, para construir en él una fábrica de harina y aceite de pescado. Las
agresiones comenzaron cuando debía emplazar un camino en medio de las tierras
de las familias huilliches Millaquén.
Al ver cómo los Millaquén
Guerrero se negaban a negociar, la empresa estructuró una doble estrategia. Por
un lado, demandó a las dos familias para obtener una servidumbre de tránsito y
además inició negociaciones con los Millaquén Care. Familiares que jamás han vivido o cultivado esas
tierras. “Varios de mis 8 hermanos vivieron en Argentina o en Punta Arenas y
ahora como vieron que vinieron las empresas, a ojos cerrados quieren vender el
terreno”, señala la señora Clementina.
Para detener a Long Beach, los Millaquén Guerrero,
interpusieron ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt un recurso de
protección que fue acogido. Cuando los abogados de la
empresa constataron que por falta de partición de las tierras no podían
negociar con los Millaquén Care,
Long Beach decidió actuar
por debajo de la mesa.
Pasando por alto el fallo de la Corte, el 31 de enero
del 2002 las máquinas volvieron para doblegarlos. El primero de febrero, Long Beach se hizo presente en
las tierras, esta vez, con un camión atiborrado de guardias de seguridad. Al
grupo de agresores, se sumaban los Millaquén Care que estaban dispuestos a combatir a sus parientes
rebeldes.
Temiendo un enfrentamiento, se llamó a Carabineros.
Éstos, comandados por el mayor Cristián Contreras de la 4ª comisaría de Calbuco, no tardaron en ponerse de lado de la empresa. Ahí,
los Millaquén Guerrero reclamaron por la CONADI
regional y la prensa radial.
“Me causa mucha pena y tristeza que mi familia esté a
favor de la empresa. Vivimos hace 50 años en este lugar, aquí crecieron mis
hijos. Pero mis hermanos… ellos están a favor. Es por plata que ellos quieren
negociar. Ellos no viven aquí, viven en otro lado”, asegura la señora
Clementina
Los goznes fríos
La Corte de Apelaciones dio orden de no innovar y las
máquinas no ingresaron. La empresa apeló al recurso de amparo y para mal de los
Millaquén Guerrero el abogado de Long
Beach, Jaime Barría Gallegos, es hijo del Ministro de
la Corte de Apelaciones Domingo Barría Subiabre. No
sólo eso, el sobrino del ministro Barría era el abogado defensor de la familia
que deseaba vender, los Millaquén Care.
Así, la Corte de Apelaciones acogió la apelación de
la empresa. Un papel importante jugó, además, la declaración del Mayor de
Carabineros Cristián Contreras. En el oficio Nº 187, llega a señalar que los Millaquén Care poseían claramente
delimitado su terreno y que “habrían realizado arriendo de tierras a la empresa
Long Beach”.
Tras esta inclinación hacia la empresa, los Millaquén Guerrero, empezaron a golpear puertas ante el
SAG, la CONAMA regional, la CONADI regional, la Gobernación de Llanquihue, la
Intendencia Regional y el Concejo Municipal de Calbuco.
La CONADI Regional actuó bien el día de la agresión.
Sin embargo, cuando hubo que ir a los tribunales el oficio que entregaron no
contribuyó a resolver el fondo. Usando otro camino, los afectados consiguieron
que la Alcaldía y el Concejo Municipal de Calbuco
organizaran una reunión el 3 de abril del 2002.
En la cita, el alcalde Rubén Cárdenas, se excusó en
la falta de recursos para realizar un plano regulador del área. Los afectados,
entendieron que aplicar tal plano dejaría al descubierto el ilegal parque en Pargua.
“Todos nos han engañado, señala la señora Clementina.
La CONAMA, el alcalde Cárdenas, el intendente Vallespín,
etc. El Intendente nos prometió que jamás permitiría una empresa tan cerca de
mi casa sin que haya plano regulador. No valemos nada parece.”
Los Millaquén Guerrero
fueron la base electoral en Alto Pargua para el
triunfo de Ricardo Lagos en la segunda vuelta de 1999. “Trabajamos por el señor
Lagos y ahora nos da la espalda. Somos hartas familias acá que estuvimos de su
lado”, alega la madre de esta familia rebelde.
Crecer ¿con igualdad?
Francisco Vera Millaquén,
hijo de doña Clementina, dirigió una carta al Presidente de la República el 19
de julio de ese 2002. Alegó en la misiva el desinterés del Intendente Regional
y acusó de negligencia a la Directora Regional de la CONADI.
La carta solicitaba, además, la intervención de los
organismos competentes a nivel nacional. Los hilos de la administración en esta
oportunidad fueron más sensibles. El Director Nacional de CONADI, Aroldo Cayún, dispuso una serie
de medidas.
El señor Cayún, en carta de
agosto de 2002, informó que considerando la ilegal maniobra de la familia Millaquén Care respecto a los
contratos firmados con Long Beach,
la CONADI presentaría una medida prejudicial precautoria y una posterior
demanda judicial de nulidad de contratos por contravenirse en el trato la ley
19.253.
La reunión de mediación se celebró bajo coordinación
de CONADI Regional el 29 de julio de 2002. En ella, hubo avenimiento y se dejó
sin efecto los contratos. Aún así, la empresa consiguió luego que se les
cedieran 3 hectáreas, cuando en los acuerdos escritos se estipulaba sólo 0.6 para
el camino. “De seguro consiguieron más para ampliar después la fábrica”,
sostiene Francisco Vera Millaquén, vocero de la
comunidad.
El parque siguió creciendo
En noviembre de 2002, ALITEC, del grupo europeo Provimi estrenó su gigantesca planta en el sector. Recién
inaugurada, fue visitada por el Presidente Ricardo Lagos. En esa visita, la
familia de doña Clementina y otros vecinos le entregaron una carta sorteando
los cercos. Hasta hoy no se tiene acuso de recibo.
Pasaron dos años y el Primer Mandatario viajó
nuevamente a inaugurar, este 15 de abril, una planta de alimento para salmones
de la compañía Skretting.
Pertenece al holding holandés Nutreco
y requirió una inversión de 25 millones de dólares. “La infraestructura de 25
mil metros cuadrados, informó El Llanquihue, ha sido la única planta de
alimento para peces construida con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado en
su integridad”.
Sin embargo para los que resisten, está claro el
deterioro ambiental. “Ya no podemos salir a pescar como lo hacíamos antes y las
siembras no se están dando porque estas empresas han perforado la tierra con
pozos muy profundos. El terreno se está secando”, señala Manuel Vera Millaquén, dirigente de la Junta de vecinos.
Tras esta segunda visita de Lagos, la señora Clementina
y la comunidad nuevamente entregaron una carta al Presidente. En ella,
denuncian la irregular aprobación del EIA del proyecto Long
Beach a fines de enero del 2004, en reunión de la
COREMA.
“Le quería decir que he sido todo el tiempo de
izquierda y que cuando se presentó don Ricardo, era una alegría para nosotros,
porque íbamos a tener un gobierno que nos iba a defender”. El cerco de
seguridad armado por la gobernación ese día, impidió a doña Clementina tal
franqueza con el mandatario.
Meses atrás y ante el
desamparo, los huilliches de Pargua
se acercaron en octubre del 2003 al diputado PS Alejandro Navarro para que
intercediera ante las autoridades locales. Sobre todo, porque estaba cerca la
presentación del EIA de Long Beach
al COREMA.
Al diputado PS por la
zona, Fidel Espinoza, la comunidad lo vincula a
intereses pro instalación del proyecto. “Espinoza es
amigo de los parientes que vendieron los terrenos a Long
Beach”, advierte Francisco.
El escándalo
Llegó el 28 de enero del
presente año y se realizó en dependencias de la CONAMA una reunión con la
COREMA de la Décima Región. Los afectados asistieron al evento, organizados
ahora bajo la figura de Comunidad Indígena PEPIUKËLEN.
La votación a favor
estuvo viciada. Tras la intervención de un funcionario de CONAMA, quien dio fe
de que el proyecto pasaba el test de la blancura, el
Intendente Patricio Vallespín inició una acalorada
defensa de la obra. Abanderado, el Intendente Vallespín
indicó, incluso, a los miembros que la intervención opositora del representante
de CONADI, Ricardo Merillanca, no debía ser
considerada por no haber sido entregada de manera escrita con antelación.
Vallespín hizo
callar al representante de CONADI cuando éste protestó. Así, el data show del
funcionario de CONAMA siguió mostrando a los miembros de COREMA las bondades
del proyecto.
En el momento de la
votación habían 11 miembros del consejo, 3 de los cuales se ausentaron para
hablar por sus celulares. El Intendente Vallespín no
dejó pasar la ocasión y ordenó tomar la resolución con los 8 presentes con
derecho a voto. Sin que se respetara el mínimo quórum que la ley exige para
votar un proyecto, se contabilizaron 5 a favor y 2 abstenciones, con lo que se
puede deducir que 4 eran las oposiciones.
De esta forma, la
COREMA, avaló un proyecto que usará fuertes dosis de amoniaco en sus procesos,
a 35 metros de la casa de doña Clementina Millaquén.
Los últimos pasos
Ante este nuevo
atropello, la comunidad indígena Pepiukëlen, presentó
el viernes 13 de febrero un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones
de Puerto Montt en contra del intendente y presidente de la COREMA Patricio Vallespín, además de la empresa Long
Beach S.A. y el alcalde de Calbuco
Rubén Cárdenas.
A los pocos días llegó hasta la Corte de Apelaciones de Puerto
Montt, el 17 de febrero, el diputado socialista Alejandro Navarro para hacerse
parte del recurso de protección. Para Navarro el proceso está viciado. "Si
se ha certificado la votación de todos los seremis, y
al menos dos de ellos estaban fuera de sala, hay falsificación de instrumento
público y eso es un hecho gravísimo que podría no sólo viciar la aprobación,
sino derivar en acciones legales adicionales", señaló a El Llanquihue por
esos días.
Respecto al papel de la CONADI, Manuel Vera Millaquén es enfático. “Ha habido prácticamente nula
cooperación. Tenemos Recursos de Protección contra la empresa en los cuales la
CONADI se debería haber pronunciado. Para nosotros es un ente que no sirve”.
El Lonco de la comunidad, don José Maricahuén, describe el desgaste de luchar solos.
“Económicamente estamos mal, con viajes que generan un desgaste. Nos tratan de
terroristas por defender una situación justa. Dentro de nuestra humildad hemos
estado apegados a la ley”.
Los deterioros
ambientales en la zona son evidentes. El día 6 de mayo del 2002 Biomar Eco Feed, otra empresa del
lugar, derramó entre 8 mil y 12 mil litros de petróleo sobre tierras agrícolas
de comuneros huilliches.
La harina de pescado
atrae roedores. Por primera vez a la zona llegó el virus hanta.
De Abtao, localidad cercana a las empresas, eran Harold y Stefanía Zúñiga
Cárdenas, dos hermanos que fallecieron el año pasado por este mal. La niña el
18 de octubre y el hermano el 12 de noviembre del 2003.
Pronto podría resolverse
el recurso de protección interpuesto contra el Intendente Vallespín
y quienes de manera irregular aprobaron el EIA de Long
Beach.
La CONAMA nacional, acogió en abril las reclamaciones
que la comunidad respecto a los impactos del proyecto. “Es decir, hay
autoridades que han reconocido las irregularidades que se han cometido”, agrega
Francisco. Lagos, en su segunda visita, se comprometió ante la comunidad Pepiukëlen a atender los reclamos de los huilliches de Pargua.
En Ralco dos hermanas, la
señora Berta y Tomasa Quintramán,
han luchado por sus tierras. Algo similar promete la señora Clementina Millaquén: “Nosotros vamos a luchar hasta el último
momento. Nosotros no vamos a salir de aquí. A la buena no nos salimos”.
DESTACADOS
“En Ralco dos hermanas, la
señora Berta y Tomasa Quintramán,
han luchado por sus tierras. Algo similar promete la señora Clementina Millaquén: ‘Nosotros vamos a luchar hasta el último
momento. Nosotros no vamos a salir de aquí. A la buena no nos salimos’ “.