Rolf Foerster y Javier Lavanchy(1)Universidad de Chile, Departamento de Antropología.
“...yo nací y crecí en una comunidad mapuche en la que nuestra mirada de lo cotidiano y lo trascendente la asumimos desde nuestra propia manera de entender el mundo: en el mapuzungun y en el entonces obligado castellano; en la morenidad en la que nos reconocemos; y en la memoria de la irrupción del Estado chileno que nos “regaló” su nacionalidad. Irrupción constatable “además” en la proliferación de los latifundios entre los que nos dejaron reducidos”
(Elicura Chihuailaf, Recado confidencial a los chilenos, LOM, Santiago, 1999).
Emprenderemos esta aproximación de la problemática mapuche en el año 1999 considerando los siguientes aspectos: 1.- Un panorama general de los conflictos en sus distintas áreas (que incluye la reacción de los afectados). 2.- Las propuestas de las organizaciones mapuches (Lafkenche, Consejo de Todas las Tierras, etc.). 3.- La política del gobierno (marcada por una acción más agresiva que los años anteriores, intentando conciliar las demandas mapuches con las de orden y respeto a la legalidad exigida por los empresarios). 4.- La agudización de la crisis entre la CONADI y el movimiento indígena. 5.- La visibilidad y el valor de lo mapuche en la escena pública. 6.- La dinámica por el reconocimiento.
El tema central de los últimos nueve años es el del reconocimiento. Desde 1990 el Gobierno, apoyado por un sector importante del movimiento indígena, inició una política de reconocimiento que incorporó la dimensión étnica, yendo más lejos que gobiernos anteriores, para los cuales la demanda mapuche era vista como una demanda campesina (o de campesinos pobres). Ahora bien, esto no supuso la desaparición de la demanda campesina (créditos agrícolas, capacitación técnica, etc.), que continúa existiendo. Así, la política de reconocimiento de la demanda campesina y la étnica coexisten en tensa relación dentro del Gobierno, como también al interior del movimiento mapuche. Sin embargo, en los últimos dos o tres años se ha añadido a los anteriores un nuevo elemento que ha hecho más complejo el cuadro: el surgimiento de una demanda mapuche de reconocimiento etno-nacional. Si bien esta demanda estaba presente en algún grado en años anteriores, en 1999 hemos sido testigos de un mayor desarrollo de dichas demandas, lo que se ha expresado a nivel de un nuevo discurso político-intelectual mapuche, en nuevas organizaciones y en una manera distinta de interpretar sus propias movilizaciones y las de otras organizaciones o comunidades. Esto coloca la demanda étnica en una relación, podría decirse, subordinada, tal como ésta lo hacía con la demanda campesina. Por cierto, esto que decimos se da manera diferenciada en distintos sectores de la sociedad mapuche y de las organizaciones.
Algo similar ocurre a nivel del Gobierno y la opinión pública. También aquí se relacionan una política de reconocimiento campesina, étnica y etno-nacional. En el caso del primero, ha habido, sobre todo a partir de las negociaciones del Ministro Quintana, un intento de redirigir la política de reconocimiento étnica en un sentido campesino, dejando en un segundo plano las demandas étnicas de autonomía política y territorial y, sobre todo, aislando simbólicamente la demanda etno-nacional como propia de grupos radicalizados, no representativos de la sociedad mapuche. No es necesario subrayar aquí el carácter estratégico de la operación de campesinización de la política de reconocimiento, que fue claramente reconocida como una manera de detener los conflictos casi diarios con empresas forestales. Lo interesante es que este cambio sólo es posible porque, de hecho, en un amplio sector de la sociedad mapuche, existen y predominan demandas de tipo campesino. La viabilidad al largo plazo de esta estrategia es más discutible, ya que son precisamente los sectores organizados y movilizados de los mapuches los que enarbolan exigencias de reconocimiento étnico y étnico-nacional. Lo veremos más adelante. Lo importante es subrayar la importancia de este vínculo entre formas de demandas y formas de reconocimiento, vínculo que puede ser, y es en gran medida conflictivo.
En relación a la opinión pública, creemos que hay diferencias importantes entre la visión de los grupos dominantes, representados por El Mercurio, y la opinión del ciudadano común. Como veremos, mientras éste último simpatiza con la causa mapuche, El Mercurio insiste reiteradamente en interpretar las movilizaciones mapuches como una amenaza a la unidad nacional, produciéndose una consonancia con los sectores más radicales del movimiento indígena, que consideran dichas movilizaciones como luchas por la reconstitución de la Nación mapuche. Así, en nuestra opinión, el gran telón de fondo para entender los conflictos mapuches en 1999 es el juego de estas tres exigencias y formas de reconocimiento: la campesina, la étnica y la etno-nacional donde las mismas acciones y personajes se desplazan por adjetivaciones que van desde el “terrorista-subversivo” al mapuche cósmico, amante incondicional y siempre respetuoso de la naturaleza.
Lo que parece no haber cambiado en 500 años es la convicción, que expresa también un deseo (wishful thinking), de parte del mundo no-mapuche que los problemas con los mapuches tengan una solución definitiva. A ello se suma la tendencia a que esta solución definitiva sea concebida como una disolución de los mapuches como tal, o de su cultura, lo que las acerca a las políticas genocidas o etnocidas y genocidas (recuérdese la Endlösung nazi frente al pueblo judío). Nuestra perspectiva es radicalmente diferente. Creemos que los conflictos son parte de las relaciones interétnicas y que una solución definitiva de la “cuestión mapuche” es un concepto límite, no realizable, y en este sentido, trascendental, para así buscar políticamente la mejor solución posible de acuerdo al momento histórico que se vive(2).
Los mapuches han mostrado a lo largo de este medio milenio una capacidad sorprendente de encarar una historia adversa, han mantenido su identidad re-inventándola de forma permanente y no hay antecedentes para pensar que no lo harán en el próximo milenio. Posiblemente esta perspectiva le de un tono diferente a nuestro texto como así también a la visión normativa que está presente en él.
1999 ha sido un año con una presencia fuerte de los mapuche en los medios, y, como veremos, ha habido razones para ello. No obstante, nos preocupa el vínculo de las partes con el todo. Hay mucho fantasma merodeando en el asunto. La prensa y la TV han transformado las tomas de fundo, que comprometen a un número limitado de comunidades, en una suerte de Chiapas a la chilena, las declaraciones de las organizaciones sobre autonomía en una cuestión equivalente a lo de la ex Yugoslavia, etc. Nosotros no queremos decir que los temas del “etnonacionalismo” no estén presentes, aunque no tengan necesariamente la connotación que se les atribuye generalmente, sino más bien mostrar que las demandas mapuches también están atravesadas por otras dimensiones (campesinas y étnicas) y que la comprensión de la “cuestión mapuche” pasa por clarificar ese entramado que es inseparable del tema del poder. Por ende, el centro del artículo es, por un lado, analizar las relaciones entre estas dimensiones de la lucha por el reconocimiento, las movilizaciones y organizaciones indígenas, y, por otro, las respuestas a ellas de la sociedad chilena, sobre todo del Estado.
1.- Los conflictos
Quizás la tónica central del 1999 mapuche ha sido el desplazamiento de los focos de conflicto. Los “conflictos por obras viales” y los “conflictos por instalación de infraestructura industrial y energética”(3), como Ralco, han pasado a un segundo plano, mientras los problemas con las empresas forestales han ocupado el primer lugar. Se han producido numerosas tomas de terrenos, que afectan sobre todo a dichas empresas (53%), destacándose Mininco, y Bosques Arauco S.A.; en menor medida a agricultores particulares (37,6%) y, en un muy pequeño porcentaje, al Estado a través de sus “Parques Nacionales” (4,3%)(4).
Cuadro 1: Conflictos de tierras y bosques entre comunidades mapuches y propietarios particulares o empresas forestales entre enero y diciembre de 1999
Fuentes: información de los diarios El Mercurio, La Tercera, Diario El Sur, La Hora y La Segunda.
En todos estos conflictos las áreas más visibles han sido Lumaco-Traiguén, en la Novena Región; Cañete-Tirúa en la Octava y, Panguipulli en la Décima; transformándose la comunidad Temulemu de Traiguén en una suerte de paradigma. Como muestra de ello puede consultarse el trabajo de cuatro importante investigadores (5) y el informe del Colegio de Antropólogos (1999)(6). Para nuestros efectos reproduciremos parte del primer informe:
“Temulemu, cuya comunidad... recibió un título de merced del Estado en 1884 y ha realizado, por lo menos desde 1926, gestiones para recuperar tierras antiguas no incluidas en dicho título y otras que, reconocidas por éste, se encuentran en manos de propietarios privados, concretamente la empresa forestal Mininco. La instalación de esta empresa en el fundo Santa Rosa de Colpi, colindante a la comunidad, y, sobre todo, el inicio de las faenas de tala de los bosques en terrenos reclamados por ella, fueron el detonante más inmediato del conflicto, aunque éste tenía una larga data. Correa analiza, al respecto, cómo la política estatal de formación de la propiedad de la tierra tuvo serias deficiencias y perjudicó a las comunidades mapuches. Temulemu constituye, entonces, un caso paradigmático y no un fenómeno excepcional”(7).
Así, esta situación es paradigmática por mostrar que el conflicto tiene una raíz histórica en la larga duración (se remonta al siglo pasado) y, sobre todo, porque la comunidad exige la devolución no sólo de las tierras comprendidas en los Títulos de Merced sino que también de las “tierras antiguas”, hoy en manos de grandes empresas forestales las cuales han modificado, como veremos, el ecosistema regional. Es justamente este horizonte, el de las “tierras antiguas” y quien hoy las tiene como propiedad, el que ha transformado el conflicto en un asunto mucho más complejo. Hay tres razones para ello: en primer lugar, no existe una legalidad vigente que permita enfrentar las relaciones con las empresas forestales, como también lo relativo a la restitución de tierras, a no ser la compra por parte del Estado(8); en segundo lugar, por la magnitud de la demanda: sobrepasa las miles de hectáreas de tierras (una de las organizaciónes que lídera parte de las movilizaciones las calcula en 200 mil hectáreas); por último, porque esas tierras están en manos de grandes empresas asociadas a los mayores grupos económicos del país y que las han transformado, gracias a los aportes del Estado (ley de bonificación forestal N°701 de 1974), en bosques de pino. Estas dós últimas razones estaban ya claramente formuladas por las organizaciones mapuches en un informe de 1998:
Comunidades Mapuche en Conflicto en la VIII Región, 1999
Fuente: Enlace Mapuche Internacional
Comunidades Mapuche en Conflicto en la IX Región
Fuente: Enlace Mapuche Internacional
El informe de J.I.Vergara y otros (1999) precisa otras dimensiones que están presentes en el conflicto entre comunidades y empresas forestales, se trata de las relativas a los efectos sociales y medioambientales causados por la expansión forestal en Arauco y Malleco (cuyos límites son las tierras mapuches): “1.-...en los fundos adquiridos las empresas forestales procedieron a eliminar los escasos remanentes de bosque nativo... En muchos casos se taló incluso bosque de protección de cuencas y de caudales de aguas, lo que, sumado a la demanda de aguas del pino, desecó las vertientes y alteró los flujos hídricos, disminuyendo la disponibilidad de aguas locales y afectando directamente la agricultura de las comunidades, así como el consumo humano y animal... 2.- Las plantaciones forestales... han provocado un empobrecimiento en la biodiversidad y disponibilidad de alimentos a las familias mapuches. Además de la tala rasa de los remanentes de vegetación nativa, y en algunos casos de grandes extensiones de bosques, también se eliminó parte de la fauna local —liebres, conejos y roedores— al envenenarse todas las áreas de plantaciones para asegurar que estas especies no comieran el brote o ápice de crecimiento del pino y su tierna corteza, lo que impediría su crecimiento. Además, el uso frecuente de pesticidas lanzados por avión para el control de malezas y plagas —en especial de la polilla del brote—, provocaron estragos sucesivos en la agricultura mapuche, pues el uso de tóxicos y defoliantes afectó los cultivos de las familias indígenas. 3.- Otras consecuencias de las plantaciones forestales han sido la expulsión de la población de los fundos, la disminución de demanda de empleo y la reducción de los salarios temporales.
En efecto, la actividad agrícola marcaba un período de trabajo estacional de las comunidades mapuches, que mantenían así un precario equilibrio en la subsistencia. Esto se desestabilizó con las plantaciones, que redujeron las necesidades de mano de obra. Junto a ello, se ha producido un deterioro de los caminos rurales en los periodos de cosechas de las plantaciones debido al paso de grandes camiones cargados con toneladas de rollizos, aislando las comunidades en invierno. Por último, la actividad forestal es meramente extractiva, ya que no tributa localmente, contrata mano de obra de fuera de la localidad y paga salarios reducidos. Aún más, este cuadro se ve agravado con la introducción de guardias para proteger las plantaciones”(9). Si las empresas forestales han gozado de fuertes subsidios por parte del Estado, han provocado un desastre ecológico y social en las comunidades mapuches de Malleco y cuentan además con enormes cantidades de recursos (materiales y simbólicos: los medios de comunicación) , se puede entender que el conflicto se presente más menos como entre David y Goliat.
Ahora bien, las movilizaciones mapuches no se han limitado, en su lucha contra las forestales, a la toma de fundos; también se han ocupado caminos, cortado algunos puentes, quemado máquinas y atacado a campamentos de trabajadores forestales. Todo ello, más la respuesta del gobierno y de los afectados, ha creado un clima de mucha agitación en algunas zonas (véase: anexos 1 y 2).
Posiblemente, el conflicto entre comunidades mapuches y empresas forestales sea uno de los factores que explique la relevancia que ha adquirido lo mapuche en la escena pública. Las empresas forestales aparecen como un símbolo dominante del modelo neoliberal, sus millones de dolares en exportación han sido uno de los suministros básicos para la reproducción del sistema. Todos sabemos los costos sociales (sacrificiales) que el “país se impuso” para lograr el “éxito” del modelo, por ende, las movilizaciones mapuches tocan uno de sus centros neurálgicos. Las empresas forestales lo saben, que sus máximos voceros hayan insistido a lo largo de todo el año 1999 que las tomas mapuches ponen en cuestión las inversiones en la región. La Revista del Campo (de El Mercurio) informaba en octubre a sus lectores que:
“Las tasas de forestación que hasta 1994 promediaban las 77 mil hectáreas anuales, bajaron en los últimos cinco años hasta 30 mil, que apenas se completarán esta año, según enfatizó el presidente de la Corporación de la Madera, José Ignacio Letamandi.
Puntualizó que dichos índices tienen una extraordinaria gravedad, debido a que son el resultado de problemas económicos que se arrastran en el tiempo, como también de la sistemática campaña de delicuencia y terrorismo que afecta a las plantaciones del sur del país... “Mientras ocurre todo lo señalado –denunció Letamendi- países vecinos (Uruguay, Argentina y Brasil) absorven los capitales que se alejan de Chile y cuadruplican sus tasas de plantaciones, lo que también repercutirá en nuestra competitividad futura”(10)Así como la Corporación de la Madera (CORMA) defendía sus intereses, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) hizo lo suyo pintando un cuadro sombrío sobre los efectos de las movilizaciones mapuches:
“De acuerdo con un diagnóstico de la SNA, las tomas de tierras y los ataques han alejado las inversiones tanto de los bancos como de los empresarios extranjeros... A ello se suma una baja en el valor de los terrenos al estar en el centro de una zona de permanente conflicto. Por este motivo la SNA estima que hay millonarias pérdidas del patrimonio de sus afiliados del sur”(11)Por otra parte, el panorama general es visto por la editorial de El Mercurio como un deterioro creciente del orden y cuyo horizonte futuro es el caos total:
“Hasta ahora las usurpaciones de terrenos, la tala de predios forestales de propiedad privada, las ocupaciones de caminos de acceso a los fundos, los atentados incendiarios, la destrucción de maquinarias y los ataques a personas y a la fuerza pública se han sucedido de manera ininterrumpida... El orden público, la seguridad ciudadana, el imperio del derecho y el respeto a las instituciones se deteriora día tras día...”(12)
Desde la óptica de la intelectualidad mapuche la relevancia otorgada a los conflictos en Lumaco-Traiguén puede ser seguida a través de un artículo de José Marimán publicado en marzo de 1998 en el Proyecto de Documentación Ñuke Mapu(13). Pensamos que el artículo no ha perdido vigencia. Veamos primero cómo comienza, ya que nos muestra las formas de problematizar la situación:
“Si un extraño a la zona, chileno o extranjero, hubiera transitado por Lumaco el mes de diciembre, frente a las caravanas de camiones madereros custodiados por policias armados, el volar raso de helicópteros policiales, los allanamientos policiales a reducciones mapuche, las detenciones de campesinos mapuche, el control al libre tránsito entre Lumaco y Traiguen, fácilmente podrían haber asociado esas imágenes con los mejores tiempos de la dictadura militar. Pero paradojalmente, esas imágenes corresponden al Chile actual: al Chile democrático.
Las imágenes de un Lumaco ocupado policialmente, corresponden al nuevo modus vivendi establecido por el estado-nación chileno (bajo el patrocinio del gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, sus funcionarios y las fuerzas de la represión) en un segmento del territorio mapuche. Por qué?”
Para José Marimán las razones por las que el Estado chileno actúa de esa manera no le merecen ninguna duda: “En el substrato del conflicto por restitución de tierras usurpadas en Lumaco, se vislumbra la nueva ideología que reverencian los políticos chilenos: ‘el libre mercado’”. A pesar de que con esta afirmación podría entrar en una suerte de pesimismo, Marimán mantiene la esperanza en la capacidad del Estado en intervenir a favor de los mapuches y, por razones que podríamos definir como históricas:
“En atención a los antecedentes del conflicto en Lumaco es imposible soslayar lo siguiente: Primero, que todos los terrenos en disputa en el mapuchemapu son parte del territorio mapuche expoliado por el estado-nación chileno a los mapuche entre 1862 y 1883. Segundo, que las tierras en cuestión (fundo Pidenco de 3.000 hectáreas) pertenecieron al longko Winka Pinolevi (hijo de Ambrosio Pinolevi o Ambrosio Kolipi que a su vez fuera hermano del máximo longko wenteche: Lorenzo Kolipi) y fueron usurpadas por el estado-nación chileno entre 1868 y 1874. Tercero, que cuando el estado-nación chileno corrió la linea de fuertes desde el río Malleco hasta el río Lumaco y Traiguen (1868 y 1874), dicha porción del territorio mapuche fue apropiada ante si por el estado-nación chileno, y consecuentemente medida y vendida a colonos chilenos y extranjeros. Cuarto, que una vez concluida la operación de expoliación, y con el antecedente de haber entregado las mejores tierras a los colonos, en 1885 y 1905 fueron entregadas tierras en reducción a Juan Cañuleo Pinoleo y Pedro Winka.
En otras palabras, el Estado chileno es responsable de la operación usurpación y por tanto no se puede permitir que éste se lave las manos respecto al problema en Lumaco (o en cualquier otra parte del mapuchemapu) o juegue un rol de árbitro en un supuesto conflicto entre particulares. El estado chileno fue el gran expoliador del territorio mapuche y por tanto es parte y causa de los problemas actuales”.
Lo importante es entender que nos enfrentamos a un conflicto territorial que sobrepasa el marco de los Títulos de Merced(14), es decir, el movimiento mapuche pretende recuperar no sólo las tierras reduccionales usurpadas por particulares sino que también las “tierras antiguas”. Lo que está en juego en Lumaco-Traigen, como en otros zonas, es un asunto que compromete los intereses de las comunidades y de la sociedad mapuche, de empresas forestales y del Estado. Más aún lo que está presente allí (como en Ralco), gracias a la dinámica de las organizaciones y de la intelectualidad mapuche, es un conflicto que es tematizado no sólo como interétnico sino que también entre “pueblonaciones”, para utilizar una expresión del más destacado poeta y ensayista mapuche Elicura Chihuialaf. Veamos a continuación cómo este tópico esta presente en las propuestas de las organizaciones mapuches.
2. Las propuestas del 99
Las nuevas propuestas y demandas mapuches se vinculan directamente con el conflicto precipitado por los incidentes de Lumaco-Traiguén. Entre las más importantes se encuentran: la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauko-Malleko; la Asociación Comunal Ñankucheu de Lumaco; la Identidad Territorial Lafkenche; Aukiñ Wallmapu Ngulam-Consejo de Todas las Tierras, la Proclama de Temuco y la propuesta del diputado por Temuco Francisco Huenchumilla.(15)
Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauko-Malleko.
La Coordinadora Arauko-Malleko considera que primero es necesario abocarse a la solución de las demandas concretas a nivel de base, para luego elaborar las propuestas de desarrollo y autonomía pertinentes(16). De esta forma, las proposiciones de la Coordinadora apuntan más bien a la solución de los problemas sustantivos de la etnia, en especial a la recuperación tanto de las tierras usurpadas como de las ancestrales. El werkén José Huenchunao resumió los planteamientos básicos de la organización en los siguientes puntos: 1.- Una ley especial con facultad de expropiación de predios. 2.- Creación de una comisión especial que aborde el tema de los conflictos de tierra y el desarrollo de las comunidades mapuches. 3.- Mayores fondos y mayor facultad política de negociación para la CONADI(17). De esta forma, la prioridad para la Coordinadora Arauko-Malleko es la recuperación de 200.000 hectáreas de tierras usurpadas por las empresas forestales de Arauco y Malleco, para luego en ese territorio recrear espacios para desarrollar su cultura, cosmovisión, sentimiento de pertenencia a la tierra y comenzar a reconstruir la “nación mapuche”(18).
Asociación Comunal Ñankucheu de Lumaco
La propuesta de la Asociación Ñankucheu se basa en el requerimiento de una mesa de diálogo. La mesa estaría constituida por el Ministro de Planificación, el Ministro de Hacienda, la Secretaria General de Gobierno; los miembros de las comisiones de medioambiente, hacienda, derechos humanos, legislación y justicia y educación de la Cámara de Diputados; los miembros de las comisiones de hacienda y presupuesto, planificación y, defensa del Senado; el senador Roberto Muñoz Barra. De la parte mapuche los dirigentes de las comunidades en conflicto, sin exclusión. Esta mesa estaría garantizada por el Obispo de la IX Región Sergio Contreras Navia y por un representante de Amnistía Internacional. Los temas a discutir serían territorialidad, educación, cultura, economía, salud y vivienda. Ahora bien, la organización jerarquiza sus peticiones en demandas de corto plazo:
De mediano plazo:
- - Paralización total de las faenas forestales.
- - Devolución íntegra del banco aserradero y todo las especies sustraídas en el desalojo de Carabineros en Temulemu.
- - Reconstrucción de las viviendas destruidas por Carabineros en Temulemu.
Y de largo plazo:
- - Paralización de plantación de Pinos y eucaliptos en todo el Territorio Mapuche del (Bio - Bio al Sur).
- - Un plan de expropiación de tierra en aquellos lugares donde los dueños se nieguen a traspasarlos a las comunidades.
- - Entrega del 7% del presupuesto nacional para el Desarrollo de la Nación Mapuche.
- - Reconocimiento de la estructura original de las comunidades.
- - Reconocimiento constitucional Mapuche.
- - Reconocimiento de la soberanía y las estructuras culturales Mapuche.
- - Reconocimiento y puesta en marcha de los Tratados Internacionales de defensa de las minorías originarias (Pacto de la O.I.T. Nº 169 y la Declaración Universal de los derechos Humanos).(19)
Identidad Mapuche Lafkenche de la Provincia de Arauco.
La propuesta Lafkenche se fundamenta en el reconocimiento político-administrativo de los “Espacios Territoriales de Patrimonio Lafkenche.” Dichos espacios estarían conformados por las tierras y espacios ancestrales de bordemar donde viven asentadas las comunidades lafkenches. La administración y representación de la totalidad de los espacios territoriales estaría asegurada por el conjunto de la población y por los responsables elegidos a través de procesos internos. Para tales fines, se propone la creación de una “Asamblea Territorial” que estaría compuesta de un “ Coordinador Territorial”, elegido por sufragio universal entre las bases de las comunidades y los dirigentes de las mismas. Las funciones de la asamblea territorial serían: definir los objetivos de desarrollo lafkenche, buscando armonizarlos con los del resto de la región y del país; impulsar proyectos económicos, sociales y culturales de las comunidades; fomentar intercambios tradicionales con la sociedad civil no mapuche; y, promover intercambios comerciales nacionales e internacionales. Por otro lado, la administración de los Espacios Territoriales residiría en un “Consejo Territorial” compuesto por “Consejeros Territoriales” que asumirían responsabilidades en: administración urbana, administración rural, cultura, educación, salud, turismo, pesca etc. Otros aspectos a destacar de la propuesta lafkenche son: creación de una comisión sobre “Verdad y Deuda Histórica”; el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas; la ratificación del convenio 169 de la OIT; el reconocimiento de una forma propia y autónoma de desarrollo lafkenche y de los miembros de la Asamblea Territorial y de su Coordinador, en las instancias de participación comunal, provincial, regional y nacional en las materias que interesen a los espacios territoriales.(20)
Aukiñ Wallmapu Ngulam-Consejo de Todas las Tierras.
A mediados de este año AWNg presentó una nueva propuesta para la solución de la “cuestión mapuche.” Esta consta de ocho puntos: 1.- Derecho a la autodeterminación, el que debe expresarse en todas las políticas del Estado que afecten al pueblo mapuche, sus tierras, territorios y recursos. 2.- Reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, que debe admitir la preexistencia a la conformación del Estado de la “nación” mapuche y su derecho a la autodeterminación, a la tierra y territorio (incluyendo aprovechamiento del suelo y subsuelo). 3.- Derecho a la participación, manifestado bajo el principio de discriminación positiva en el congreso, que garantice dos parlamentarios mapuches por cámara. 4.- Reconocimiento de un parlamento autónomo mapuche, compuesto por representes elegidos conforme a la propia cultura. 5.- Restitución de las tierras, reduccionales y ancestrales, como del territorio (Biobio al Sur). 6.- Ratificación de los convenios internacionales aplicables a los pueblos indígenas, en especial el convenio 169 de la OIT. 7.- Respeto al sistema normativo mapuche mediante reforma al código de procedimiento penal que incluya aspecto sustantivos de la cultura mapuche constituidos en el Ad Moguen y Nor Moguen. 8.- Retirada de las forestales del territorio mapuche(21).
La Proclama de Temuco.
A mediados junio de este año varias organizaciones mapuches agrupadas en el Referente Mapuche 2000, entre las que se encontraban Admapu y las Asociaciones Comunales de Manquehue, Lautaro, Imperial y Lleu-Lleu, firmaron la “Proclama de Temuco.” Esta propuesta incluye 16 demandas entre las que se cuentan:
- - Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas de Chile.
- - Autonomía, entendida como el derecho a establecer mecanismos de participación real en las decisiones económicas, políticas, educacionales, administrativas y jurídicas.
- - Creación de un parlamento indígena como órgano representativo de las demandas del sector.
- - Condonación inmediata de las deudas con INDAP.
- - Puesta en vigencia de un plan integral de soluciones a conflictos de tierras.
- - Creación de una línea de créditos en el Banco del Estado para pequeños y medianos empresarios mapuches.
- - Formación de una división de educación intercultural bilingüe en el Ministerio de Educación.
- - Paralización inmediata de plantación de pinos y eucaliptos en los sectores adyacentes a las comunidades indígenas.(22)
La Propuesta de Huenchumilla
La propuesta del diputado Francisco Huenchumilla se fundamenta en una reforma constitucional que reconozca la existencia de los pueblos indígenas que conforman la nación chilena y les conceda participación política respectiva en los órganos de Estado. En este sentido propone: 1.- Participación en el poder legislativo a través de la elección de tres senadores y diez diputados en representación de los indígenas, para lo que se crearía un Registro Electoral Indígena. 2.- Participación en la administración comunal, eligiendo un concejal por cada 5% de población indígena hasta un máximo determinado por la ley. 3.- Participación en el Consejo Regional, según disponga la ley.- 4.- Creación de un parlamento indígena, al que le correspondería el nombramiento del director de la CONADI o el organismo que le suceda.(23)
En síntesis: podemos decir que hay una substrato común a todas estas propuestas:
- - El reconocimiento constitucional como pueblo, y, en algunos casos, de la Nación mapuche
- - Un régimen de autonomía (en este punto destaca la formulación de los Lafkenche)
- - Una representación política propia.
- - La aprobación por parte del Estado chileno de los convenios internacionales aplicables a los pueblos indígenas, en especial el convenio 169 de la OIT.
Es interesante subrayar que en relación a los conflictos con las empresas forestales las demandas de estas organizaciones son de una magnitud -van desde la devolución de 200 mil hectáreas a su retirada del “territorio mapuche”- que excede completamente su resolución al corto plazo, al menos no dentro del modelo económico y político vigente.
La demanda por autonomía no es un invento realizado por una dirigencia desligada de la realidad mapuche. Se sustenta, desde nuestra perspectiva(24), primero que nada en una memoria histórica. Los mapuches recuerdan como sus bisabuelos vivieron libremente en sus territorios y de las formas y calidad de vida que allí gozaron. Por otro lado, se afirma en la cultura. Hasta hoy los mapuches gozan en sus comunidades de ciertas autonomías: en el plano religioso los nguillatunes son un espacio no conquistado por las iglesias cristianas, lo mismo puede decirse de la esfera mítica (Kai-kai y Tren-Tren son aun el centro de la cosmovisión mapuche); en el plano “medicinal”, la vigencia de las machis, en muchas áreas, es incuestionable; en el plano económico, se ha demostrado como la comunidad persiste como una forma de distribución; en el plano parental la endogamia funcional. Por último, la exigencia de autonomía surge de la experiencia política organizacional: a lo largo de todo este siglo los mapuches han mostrado una dinámica independiente en la constitución del movimiento indígena (desde la Sociedad Caupolicán en 1910 al Consejo de Todas las Tierras en la década de 1990) y de propuestas del mismo tenor: la República Mapuche(25), la Corporación Araucana; en este mismo nivel se podrían ubicar la consciencia, por parte de la intelectualidad y de sus dirigentes de que las experiencias autonómicas, que se realizan en otros lugares del mundo, pueden servir no sólo como modelos, sino que también como argumento para exigir su aplicación en Chile.
Sistemas de alianzas y los actos simbólicos.
Históricamente las organizaciones mapuches han mantenido su autonomía, incluso a costa de oponerse entre ellas. La tónica del Consejo de Todas las Tierras, por ejemplo, ha sido emprender acciones sin pedir el apoyo o la solidaridad de otras organizaciones mapuches. La propuesta Lafkenche, por su parte, tiene una validez que es solamente local (a excepción de algunos puntos compartidos con otras organizaciones). Lo mismo puede decirse del programa de la Junta de Caciques de Butahuillimapu. La vínculación de la Coordinadora Arauko Malleko con las demás organizaciones, en especial con el Consejo, es de franca oposición.
Pero esta independencia es relativa, toda vez que los dirigentes mapuches están muy atentos a los resultados de las movilizaciones de las otras organizaciones y en base a esos resultados ellos deciden sus acciones.
No obstante, el año 1999 presenta por primera vez una coordinación mayor entre organizaciones. Posiblemente haya influido en esto el fracaso del Consejo de Todas las Tierras en su marcha a Santiago -para celebrar el 24 de junio y dialogar con las autoridades-, donde no fue recibido por ninguna organización mapuche urbana sino sólo por los representantes locales del propio Consejo. La cosas cambiaron meses más tarde. La marcha a Concepción para conmemorar el 12 de octubre fue realizada mancomunadamente, aunque la iniciativa fue de los Lafkenche en la cual sólo la Coordinadora Arauko Malleko se negó a participar:
“Una cifra superior a los cinco mil mapuches esperan convocar las principales agrupaciones indígenas del sur de Chile para el próximo martes 12 de octubre -día del Descubrimiento de América- en la Plaza de Armas de Concepción, informó ayer el werkén del Consejo de Todas las Tierras, José Naín. Según el dirigente, más de 50 lonkos ó líderes de las comunidades lafkenches del sur de la provincia de Arauco, pehuenches del Alto Biobío y mapuches de la provincia de Malleco, están en plena coordinación -en un sector estratégico de la Región de la Araucanía- de las actividades de ese día.”(26)
No se puede dejar de considerar el deseo y la necesidad, por sectores del movimiento, por constituir un parlamento mapuche. Las posibilidades de concretar esta iniciativa son débiles, al parecer no existe aun la maduración histórica, en el plano de la representación, para ello(27).
3. La Respuesta del Gobierno.
El gobierno ha implementado tres líneas de respuesta para enfrentar las movilizaciones de las comunidades mapuches y reducir el impacto de las mismas en la opinión pública. Cabe señalar que estas líneas no forman una secuencia, sino que se yuxtaponen (y también se contradicen) una a otra. La primera ha sido la represión de las comunidades movilizadas por medio del accionar de carabineros y de los tribunales de justicia, buscando mantener el respeto hacia la legalidad vigente (ver anexo 4). En este punto vuelve a resultar paradigmático el caso “Temulemu” donde observamos como una y otra vez la fuerza pública y la justicia intentan acallar las demandas de las comunidades de Temulemu, Didaico y Pantano(28).
La segunda ha consistido en tratar de bajar el perfil a la real magnitud del conflicto mediante una serie de declaraciones difundidas por la prensa que buscan empequeñecer ante la opinión pública tanto la capacidad de las comunidades y organizaciones mapuches para coordinar sus movilizaciones, como la extensión y difusión del conflicto. De esta forma se habló de “infiltrados”(29) y hubo declaraciones del tipo “la situación es grave pero puntual”(30).
La tercera ha sido implementar diversas formas de diálogo con las comunidades. Entre ellos destacan los así llamados “Diálogos Comunales.” Nos detendremos un poco en ellos, ya que constituyeron la principal carta del gobierno para encarar el conflicto una vez que la represión y la tergiversación fracasaron en su intento por solucionar o al menos atenuar sus alcances.
Los Diálogos Comunales, patrocinados por MIDEPLAN, comienzan a realizarse durante el mes de mayo. Esta iniciativa al parecer fue propuesta por una comisión de “alto nivel”, la que estuvo integrada, entre otros, por el ex ministro Enrique Correa, el presidente de la SOFOFA, Felipe Lamarca y los consejeros mapuches de la CONADI Juan Huenupi, José Santos Millao y Beatriz Painequeo. El 16 de mayo El Mercurio informaba que:
“Al Ministro de Mideplan, Germán Quintana, se le ha encomendado desde La Moneda liderar una nueva tarea: ser ‘el’ rostro del Gobierno en tierras mapuches. Con esta nueva misión, el ministro será el encargado de vincularse con la dirigencia indígena y hacer las veces de ‘embajador en la Araucanía’ para buscar la firma de un acuerdo de paz que ayude a poner fin a los meses de agitación mapuche que ha vivido el país”
Y cita a Quintana:
"Consideramos que es posible conciliar la identidad de distintas etnias con el concepto de nación. Por lo demás, esta aspiración es menor, ya que lo que de verdad le interesa al mundo indígena tiene más que ver con cuestiones de tipo productivo y social. Esa demanda de autonomía es un discurso de apenas unos pocos dirigentes. Incluso, hasta le diría que el tema de la tierra no es tan generalizado y urgente para los mapuches si es que lo compara con las solicitudes sociales que ellos hacen."
"El Gobierno se suma a esta ciudadanía que comparte las demandas de la etnia. Pero también tenemos preocupación. Si un 80 por ciento de los chilenos decía que los mapuches eran discriminados, ese mismo 80 por ciento aseguraba no tener sangre aborigen. Y esa es una clara expresión de racismo que nos preocupa. Creemos que la ciudadanía no ha dedicado suficiente atención al análisis del tema y se ha quedado en una expresión paternalista que dice que ‘los mapuches son pobrecitos a los que tenemos que ayudar’. Nos gustaría que esta renovada sensibilización ciudadana se tradujera en el término de prácticas discriminatorias”(31).
Entre mayo y junio se realizaron alrededor de treinta de estos diálogos(32) y, por supuesto, éstos confirmaron lo esperado por el Ministro Quintana: “lo que de verdad le interesa al mundo indígena tiene... que ver con cuestiones de tipo productivo y social”(33). La respuesta del gobierno a la demanda se dio a conocer el día 5 de agosto: el Presidente Frei se reunió con numerosos mapuches en la Moneda y allí presentó un programa de trabajo que implicaba una suma aproximada de 140 mil millones de pesos. El programa es el siguiente:
- Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.
- Ratificación del convenio 169 OIT.
- Nuevo trato y apoyo integral al desarrollo de los pueblos indígenas
- Coordinación sistemática y multisectorial del Estado para implementar una política indígena de nuevo trato y desarrollo: MOP, Agricultura, Educación, Salud, Vivienda, Subdere, SENCE, Fosis.
- Reprogramación y condonación de deudas de indígenas de la VIII, IX y X Región del país, destinada a favorecer fundamentalmente a la población indígena de escasos recursos endeudada con INDAP.
- A los deudores morosos con deuda hasta $ 300 mil pesos se les bonificara hasta $ 150 mil. Los créditos morosos superiores a $ 300 mil se podrán acoger a esta medida en negociación caso a caso.
- Se condonará la deuda de los usuarios indígenas con situaciones socialmente graves como invalidez, enfermedad muy grave, ancianidad.
- Los créditos vigentes hasta $ 300 mil se reprogramarán por un monto de hasta 150 mil pesos.
- Solución en un plazo de 2 años del listado de predios aprobado por el Consejo de la CONADI.
- Concurso especial de riego para comunidades por $ 1700 millones.
- Concurso especial para apoyar el desarrollo productivo de comunidades.
- Creación de 2 nuevas áreas de desarrollo: Lleu Lleu, para comunidades Lafquenches, y Colchane y Camiña, para comunidades Aymaras.
- Subsidio especial para matrimonios jóvenes mapuches para ampliación de tierras por 3.200 millones de pesos.
- Programa Habitacional Especial para comunidades indígenas: construcción de 600 viviendas nuevas y mejoramiento de 400 viviendas mapuches.
- Aumento de becas de 13.800 a 18 mil becas el 2000 con continuidad de estudios desde la Educación Básica a la Educación Superior y no renovación anual como sucede en la actualidad.
- Ampliación de cobertura para niños indígenas, que favorecerá a 800 madres indígenas y 1.250 niños y niñas indígenas.
- Inicio de un plan de alfabetización bilingüe para población mapuche y aymara el 2000.
- Concurso especial del Fondo de Infraestructura Educacional para el 2000 y 2001 que beneficiará a 50 establecimientos de comunas de alta población indígena por $ 5.000 mil millones.
- Asegurar la educación básica completa a los niños de comunidades indígenas al 2002.
- Construcción 800 kilómetros de red vial de caminos vecinales de comunidades mapuches de la VIII, IX y X región al 2002.
- Programa especial de agua potable rural para comunidades indígenas.
- Masificación del proyecto intercultural de salud amuldungun.
- Mejoramiento de la atención de Posta Rural en comunas de alta población indígena.(34)
Como puede verse, salvo los dos primeros puntos, que corresponden a demandas étnicas que la dirigencia mapuche hizo ya al Gobierno de Aylwin en 1989, y que continúan pendientes, el resto de los puntos se refiere al mejoramiento económico-productivo, de infraestructura o servicios (incluímos aquí la educación), o sea, demandas campesinas. Los focos de conflicto étnico o étnico-nacional no fueron siquiera mencionados. Consecuentemente, las críticas a esta propuesta por parte de la dirigencia indígena no se hicieron esperar. Al día siguiente, el diario La Tercera informaba que
“varios mapuches reclamaron por la nula mención al enfrentamiento con las empresas forestales -origen de los ataques incendiarios y radicalización del problema- y porque no anunció una mayor devolución de tierras, dejando así un manto de duda sobre el éxito del plan integral presentado por el Ejecutivo. Indignado, Domingo Marileo reclamó: ‘Las Forestales nos reprimen y en este tremendo acto no se dice nada. Tampoco se reformó la CONADI, esto es una burla’. Edith Carileo, de Loncoche, señaló: ‘No se criticó a los megaproyectos ni a las transnacionales que avasallan nuestras comunidades. Queríamos escuchar que detenían las siembras, que entregaban tierras y devolvían las aguas. Nada de eso oímos’”(35)
Las críticas de otros sectores también fueron muy duras. Así, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eugenio Tuma, acusó al ministro de MIDEPLAN, Germán Quintana, y al director de la CONADI, Rodrigo González, de “engañar” al Presidente de la República, Eduardo Frei, ante el anuncio “efectista” que el Mandatario pronunciara anteayer en el Palacio de La Moneda, respecto de destinar nuevos recursos para la solución de las demandas mapuches(36). El ex director de CONADI, Domingo Namuncura, por su parte, calificó las medidas como “un paso relevante”, pero que es insuficiente “sino se complementa con un mecanismo que garantice una amplia participación política del mundo indígena en la toma de decisiones”(37). Por su parte El Mercurio, en su editorial del día 12 de agosto, se mostraba escéptico de las medidas: “...ni siquiera el costoso plan garantiza una tranquilidad a largo plazo”.
Volvamos al Ministro Quintana. Para él sería posible “conciliar la identidad de distintas etnias con el concepto de nación. Por lo demás, esta aspiración es menor, ya que lo que de verdad le interesa al mundo indígena tiene más que ver con cuestiones de tipo productivo y social”. Es muy posible, pero el Ministro Quintana olvidó algo fundamental: los mapuches se piensan como pueblo de allí que la solución de cuestiones productivas y sociales va a ser siempre insuficiente frente al tema, por ejemplo de la “deuda histórica”, la que aparece justamente cuando los mapuches se perciben como pueblo. De allí entonces que la puesta en práctica de esta política por parte del Gobierno no tuvo el efecto esperado, las movilizaciones mapuches continuaron, incluso la situación siguió igual o peor.
Veamos ahora un nuevo escenario que nos puede explicar, en parte, esta situación. Se trata de la crisis del vínculo entre organizaciones mapuche y CONADI.
4. La crisis del pacto de Imperial.
El movimiento mapuche logró, a fines de los 80, forjar un acuerdo con los partidos de la Concertación, conocido como “Pacto de Nueva Imperial”. Su traducción legal fue la Ley Indígena 19.253, y su forma institucional la CONADI (año 1993). La premisa implícita era que el gobierno encararía los problemas mapuches teniendo en cuenta la perspectiva de las organizaciones indígenas, que tenían una representación en el Consejo de la CONADI. Las mismas organizaciones que negociaron ese “pacto” se imaginaron que la CONADI sería un organismo que los representaría y que velaría por sus derechos históricos.
Hoy casi existe un consenso, por parte de los estudiosos, que dicho pacto está roto, que la CONADI fue socavada por la intervención directa del gobierno, que la política llevada adelante por Frei ha sido contraria a los intereses de los mapuche, que se ha privilegiado a las empresas -Endesa en Ralco, a las madereras en Malleco y Arauco- frente a los “pobres mapuches”(38). Esta situación ha sido denunciada incluso por el ex director de la Conadi. Domingo Namuncura en su obra Ralco: ¿represa o pobreza?(39). En marzo de 1998, José Marimán expresaba que esta ruptura se había trasladado de la elite dirigencial al campo mismo:
“...los campesinos mapuche... han comenzado a percibir que la política indígena de la Concertación es una farsa. Y peor aún, han comenzado a entender que esa política sólo busca ofrecer pequeños paliativos para mantener a la población mapuche quieta. La inactividad mapuche no sólo tiene consecuencia severas para los propios mapuche --que ya lucen los más altos indices de enfermedades de la pobreza (mortalidad infantil, desnutrición, tuberculosis, alcoholismo) así como las más bajas expectativas de vida según lo han expuesto los diputados Alejandro Navarro, Mario Acuña y Guido Girardi (quienes además han insinuado que en Chile se esta llevando a cabo un genocidio cultural y étnico contra el pueblo mapuche)-- sino también es altamente favorable y beneficiosas para el enriquecimiento de otros sectores sociales de la sociedad chilena”(40).
La acusación de genocidio puede ser una exageración pero está presente en numerosas personas vinculadas y atentas a la política del gobierno sobre las etnias(41). Si el gobierno es acusado de genocida también lo es la propia CONADI. El problema radica en que los consejeros indígenas, que fueron o son activos miembros del movimiento indígena, han sido sindicados como cómplices de tales políticas. De allí que no resulte extraño el siguiente panfleto repartido en las marchas del 12 de octubre de 1999 y que hacía relación a las futuras elecciones de Consejeros para la CONADI: por un lado, se ve una foto en blanco y negro donde aparece el Presidente de la República junto al actual director de la CONADI, rodeado de dos mujeres mapuches vestidas con ropas tradicionales, detrás el Ministro de MIDEPLAN, Quintana. Frei está bebiendo mudai en un jarro pato. Sobre la foto la siguiente pregunta “¿Cuánto vale el show?”. Al otro lado del panfleto aparece la siguiente leyenda:
Concurso Nacional Mapuche para Consejeros de la CONADI:
Requisitos:
- - Ser militante de los partidos de la Concertación.
- - Tener gran espíritu de traidor al Pueblo Mapuche –ser un yanacona.
- - Haber perdido la capacidad de pensar y hacer las cosas por si sólo.
- - Tener un gran espíritu de sumisión y obediencia a las órdenes de jefes wigka.
- - Tener capacidad para maniobrar, manipular y engañar a Mapuche.
- - Ser experto en acarreo de Mapuche y hacer show a sus jefes wigka, para que éstos se sientan bien y también puedan bailar purrún y de paso aprender a decir mari-mari peñi.
- - Tener gran espíritu y sensibilidad en aprobación de megaproyectos.
- - Ser obedientes a las órdenes del Estado y las empresas forestales e hidroeléctricas.
- - Tener gran espíritu de corrupto.
- - Ser de fácil manipulación y soborno, por parte del Estado y de las empresas transnacionales.
- - Tener espíritu de goma de los wigka.
- - Tener ambiciones de fotografiarse con presidentes, senadores, diputados y empresarios.
- - Tener estómago para andar de comida en comida con empresarios y funcionarios del Estado opresor, racista y discriminador.
- - Haber perdido la confianza en la capacidad y resistencia y lucha del pueblo Mapuche.
- - Ser un mal nacido, con apellido Mapuche.
- - Tener capacidad y disposición de transformarse en informante mapuche para que el Estado reprima y encarcele a Dirigente Mapuche.
- Garantía: tendrá un buen sueldo. Este se definirá en común acuerdo con Endesa, empresas forestales y el Estado.
¿Cómo leer este panfleto? ¿Cuál es el malestar que expresa? ¿Cómo entender el cabezazo dado por una dirigente mapuche al Director de la CONADI?(42) Una respuesta es posible si se tiene en cuenta la trama que el movimiento mapuche ha construido en los últimos 9 años, la que es inseparable del Estado y de sus mediaciones (CONADI). Antes de responder a estas preguntas debemos destacar otro hecho: la visibilidad de lo mapuche en el espacio de lo público.
5. La visibilidad de lo mapuche.
Este año, y a semejanza de 1992, los mapuches han logrado un lugar destacado en los medios, su visibilidad en lo público es muy fuerte. Lo interesante son dos cosas. La primera, que lo mapuche se ha transformado en un valor positivo al interior de un cierto paradigma. Lo que mejor grafica esta cuestión es el papel que ha jugado como imagen en la campaña presidencial, y sobre todo se hace visible esta idea en la del candidato Ricardo Lagos, de la Concertación, donde lo mapuche es puesto en un mismo sistema que permuta con valores como libertad, dignidad, solidaridad. El sistema funciona así: “Vota libertad, Lagos contigo”, “Vota mapuche, Lagos contigo (el fondo para este último afiche es la bandera del Consejo de Todas las Tierras). Es inconmensurable el cambio si tomamos conciencia de que lo mapuche hace apenas una década atrás era sinónimo exclusivo de adjetivaciones como “borracho”, “flojo”, etc.
La segunda tiene que ver con el mayor apoyo y comprensión con que cuentan los mapuche y su cultura en la ciudadanía. Este hecho quedó manifiesto en las múltiples formas de solidaridad y estímulo que recibieron las dos marchas mapuches en su caminata hacia Santiago y Concepción. Pero también se reflejó esta situación en varias encuestas públicas, siendo la más comentada la del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), realizada en el mes de abril, abarcando el territorio comprendido entre Arica y Puerto Montt, con un universo que representa el 67 por ciento de la población. Un editorial de El Mercurio dedicado a esta encuesta, señala en uno de sus párrafos centrales:
“... resulta llamativo el hecho de que el 80 por ciento de los encuestados opine que los mapuches tienen la razón en el conflicto que los ha enfrentado a las empresas forestales en el sur, en circunstancias de que estas últimas han sido víctimas pasivas de atentados y atropellos ilegales a su personal y a sus propiedades. Si este resultado de la encuesta representa efectivamente el sentir de tan gran mayoría de chilenos, cabría hacerse reflexiones pesimistas sobre el futuro del Estado de Derecho de este país”(43).
Estos hechos son muy significativos porque muestran cómo la ciudadanía puede construir una opinión propia, más allá de la gramática y de la semántica de los medios de comunicación dominantes. Estos, según el trabajo de Jorge Iván Vergara y otros, ya citado, tienen
“...la tendencia a hacer del conflicto un caso policial o de seguridad del Estado, que transforma a los mapuches en responsables de amenazar el orden establecido, incluso con propósitos de cuestionar la unidad nacional; o bien, aunque con menor énfasis, a culpar al gobierno por no dar solución a la pobreza mapuche, eximiendo a las empresas forestales y a la acción de fuerzas policiales de cualquier responsabilidad en la generación del problema. En su versión más extrema, este estilo tiende a reproducir un patrón simbólico de comprensión de la realidad indígena que se caracteriza por centrar su atención en los ‘hechos de violencia’, en los ‘levantamientos’, y en la proyección del pueblo mapuche como un ‘pueblo en armas’. Se establece, para ello, un campo comunicacional, que legitima potencialmente procesos de exclusión social y justifica la posición de las empresas forestales. A ello se suma finalmente el tan frecuentemente usado estereotipo del mapuche ‘flojo’ y ‘borracho’, de profunda raigambre en la sociedad chilena”(44).
La dirigencia mapuche, por supuesto, conocedora de estas encuestas, sabía y vivía la solidaridad que le entregaba la ciudadanía en sus marchas a Concepción y a Santiago; también tenía conciencia que contaba con un apoyo internacional que vería muy críticamente cualquier acto de violencia contra ellos (en los reportajes de la CNN los mapuches siempre aparecen como las víctimas; recordemos además que, cuando Clinton vino a Chile, su mujer viajó a Temuco especialmente a reunirse con mujeres mapuches).
6. En torno al reconocimiento.
Las organizaciones mapuches desde la década de los 80 han insistido en que el meollo del conflicto pasa por el tema del reconocimiento, lo mismo puede decir el gobierno como también la línea editorial de El Mercurio (que representa a sectores dominantes de este país). El problema, como veremos, es que cada uno tipifica formas diferentes de reconocimiento.
El Mercurio
Para El Mercurio(45), los mapuches no son más que un “sector de la nación” (11-06-99), por tanto no pueden exigir ni más ni menos de lo que puede exigir cualquier otro sector de ella:
“El artículo primero de la Carta Fundamental establece que es deber del Estado promover la integración armónica de todos los sectores de la nación –lo que incluye a los indígenas—, y asegurar el derecho de las personas –también los de los indígenas- a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”(46).
Esta es la clave de su argumento; ahora bien, eso no significa que se desconozca el hecho que no están plenamente incorporados a la nación. Se lo reconoce y se plantea que lo que debe hacerse es incorporarlos. No obstante, la política de la Concertación ha producido el efecto contrario:
“En las postrimerías del segundo gobierno de la Concertación, es evidente que su política indigenista, sostenida durante la presente década contra todas las advertencias de la prudencia, arroja resultados desastrozos: no se ha logrado sacar a los presuntos beneficiarios de la extrema miseria ni se ha avanzado en su incorporación al resto de la nacionalidad chilena”(47).
Más aun la política del Gobierno habría estimulado el “temperamento separatista” de los mapuches, cuestión que se podría haber mitigado por la economía de libre mercado:
“La Ley Indígena asignó a los miembros de la etnias originarias una condición parecida a la de personas relativamente incapaces, carentes de la libre disposición de sus bienes. Ello los ha marginado de los beneficios de una economía libre y ha contribuido a su temperamento separatista”(48).
En esta misma línea se puede situar la siguiente afirmación: “Hasta que se inició el gobierno de la Concertación, el problema de los mapuches no era racial, sino de extrema pobreza. Debido a la política de aquélla, sin embargo, está transformándose en un problema seudorracial”(49). La línea editorial de El Mercurio es aquí vacilante, ya que no duda en designar a los mapuches como un sector diferente de la nación, empleando términos como etnía, etnias originarias, indígenas y también reconoce, tributaria de las categorías decimonónicas, que estamos enfrentados a un “conflicto racial”. En cualquier caso, muestra que los mapuches son un grupo diferente, no homologable al resto de la nación.
Demos un paso más. Los juicios sobre el “temperamento” de los mapuches permiten bosquejar una suerte de antropología mercurial sobre los mapuches, donde siempre aparecen como pasivos, y si son activos es por culpa de alguien externo a ellos: del gobierno, de la izquierda marxista, de los ecologistas. Intervenidos por estos agentes los mapuches pasan a representar una suerte de caos:
“...el Gobierno ha continuado llevando adelante la misma política que tales alarmantes resultados ha tenido; esto es, comprar a particulares, con recursos de los contribuyentes, tierras exigidas por los ocupantes o que amenazan serlo, para entregárselas a éstos. Como era obvio, apenas así lo hizo respecto de dos comunidades, en Traiguén y Purén, se han multiplicado las ocupaciones de predios en Malleco y Arauco. Apoyadas por dos entidades denominadas Consejo de Todas las Tierras –nombre de suyo elocuente- y Coordinadora de Comunidades Mapuches, numerosos grupos se han declarado ‘en alerta permanente’, y fijan plazos al Ministerio de Bienes Nacionales para que se les ‘devuelvan’ sus tierras, anunciando que, de no recibir respuestas, entenderán que el Estado acoge su existencia.
Este cuadro desafía no sólo la Ley de Seguridad del Estado, sino que todo el marco constitucional y legal chileno”(50).
El tema de la intervención externa en los “conflictos raciales” es un asunto que preocupa enormente a El Mercurio, su tematización evoca argumentos que estuvieron vigentes en el siglo pasado, ya sea por la presencia del “Rey de la Araucanía”, Orellie Antoine, ya sea por la “Pacificación de la Araucanía”:
“Ningún inversionista arriesgará recursos en la zona perjudicada hasta que se vuelva a respetar el Estado de Derecho y se alcance una pacificación que dé sentido al derecho de propiedad...
Los costos crecerán todavía más cuando a los robos y heridos se sumen los muertos que comenzarán a aparecer al hacerse más agudo el conflicto. Ya se habla de la existencia de grupos radicalizados y para nadie es un misterio que variadas organizaciones internacionales pueden financiar conflictos de envergadura. El país podría llegar a tener una especie de guerrilla con el apoyo y la simpatía de muchos chilenos y extranjeros, impresionados por las lamentables condiciones de vida de los indígenas...
Los conflictos raciales no deben ser alentados, porque pueden llevar a extremos como los recientemente vistos en la ex Yugoslavia, donde, además de las luchas internas, se ha producido una abierta intervención foránea”(51).
La imaginería mercurial es terrible, el futuro será de violencia y de muerte, nuestra realidad se hará equivalente a la de la ex Yugoslavia o la del México de Chiapas (guerrilla indígena). La responsabilidad de que esto no se produzca es que el Gobierno enmiende su política hacia los mapuches.
Para El Mercurio no hay ninguna duda de que las recuperaciones de tierras hechas por los mapuches carecen “de asidero jurídico... y se relacionan con un plan de agitación política de envergadura con que la izquierda marxista aspira lograr determinadas ventajas”(52). De este modo, estaríamos frente a un escenario donde el radicalismo político-racial o incluso el terrorismo y la delicuencia se revisten bajo el falso ropaje del “conflicto étnico”: “En la IX Región se ha llegado a un estado de casi completa impotencia del aparato de defensa legal contra el delito, todo bajo la apariencia, que no es real, de un conflicto étnico con personas de origen mapuche”(53). De allí que El Mercurio sostenga que la solución de los problemas mapuches pasa por la exclusiva intervención del Estado, del Leviatán, y su integración a él:
“Los hechos conocidos hasta el momento llevan a concluir que la solución al problema mapuche no pasa por la vía fácil de acceder a sus demandas, como ocurre hasta ahora. Ellas, en efecto, pueden ampliarse y mantenerse en el tiempo como resultado de un plan bien meditado. Por el contrario, ella pasa, en lo esencial, por el respeto al Estado de Derecho y por la aplicación de una política que se enmarque en el mismo y que busque una efectiva integración indígena a la institucionalidad vigente”(54).
El Mercurio reproduce así, en vivo y en directo, la vieja tradición portaliana, el orden institucional trascendentalizado como “peso de la noche”. El reconocimiento constitucional como pueblo a los mapuche es entonces una locura, ya que de aprobarse “existirán dos naciones, la de los pueblos indígenas y la del resto de los habitantes del país”(55). Con ello el orden trascendente de Chile se desploma. En la misma dirección el Gobierno y el Estado chileno deben desestimar lo relativo a la deuda histórica con los mapuche por ser esta “(una) tesis...discutible en rigor científico”(56). El Mercurio entonces hace un llamado al Gobierno a rectificar su política hacia los mapuches, buscar su integración, en especial al mercado ya que él permite la movilidad, “desvincularlos de la tierra”(57)- y hacer prevalecer el Estado de Derecho en la región. Si se nos permite añadir una observación más, se trataría, de aplicarse, de una política de limpieza étnica vía la combinación de estrategias represivas y de mercado. Las propuestas de El Mercurio crearían precisamente el escenario que busca evitarse.
La postura del Gobierno y de la Concertación.
Si para El Mercurio la actual Constitución puede ser utilizada para “velar por la protección y el desarrollo de las etnias nativas”, el gobierno piensa lo contrario: ésta debe ser modificada. Se trata con ello, para el gobierno y los partidos de la Concertación, de “reforzar la nueva relación con los pueblos indígenas”, nuevo vínculo que se habría iniciado con el pacto de Nueva Imperial en 1989:
“...como una forma de reforzar la nueva relación con los pueblos indígenas, se despachó al Congreso Nacional la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la reforma a la Constitución Política del Estado. Ambos instrumentos, de rango superior, buscan reconocer y valorar la existencia de las culturas indígenas que integran nuestra sociedad”(58).
El problema de esta propuesta es su traductibilidad, el alcance que tiene el reconocimiento como pueblo. Si el escenario fuera el mismo que se ha dado en los conflictos de Ralco, de Lumaco-Traiguén y en los Diálogos Comunales las posibilidades de encuentro o coincidencia entre las organizaciones mapuches y el gobierno serían pocas.
El gobierno sabe también que hay un trasfondo histórico en los vínculos entre ambos pueblos, esta realidad es tematizada bajo el imagen de “la deuda histórica”. Germán Quintana lo expresa así “Es evidente que no podemos retroceder en el tiempo. Tenemos que partir del presente, de donde estamos, reconociendo las injusticias, la deuda histórica que los huincas tenemos con el pueblo mapuche y ahí reparar”(59). Aquí se deja traslucir la conciencia que el problema mapuche tiene una dimensión muy distinta a la de otros grupos marginales o pobres, que no podría reducirse tampoco a su condición económica campesina. Esto, sin embargo, no se materializa en una política de reconocimiento étnico, sino que queda a nivel discursivo o como justificación de un aumento en la compra de terrenos, como se comprueba en el discurso del Presidente de la República frente a los dirigentes mapuches, donde señala una de las vías para encarar la deuda:
“El problema del acceso a las tierras por parte de los indígenas y sus comunidades, refleja de modo particularmente significativo la deuda asumida con los chilenos indígenas. Como lo señalé ante el Congreso Pleno el pasado 21 de mayo, hubo en Chile una larga historia de ocupación y de apropiación de territorios indígenas. Es por ello que hemos tomado las medidas que nos permitirán tener resuelto en no más de dos años el conjunto de demandas pendientes de tierras formalizadas y aprobadas por el Consejo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en 1997, destinando para ese efecto montos crecientes de recursos.
Además, he dispuesto el estudio de un nuevo mecanismo para la adquisición futura de tierras, que supere las insuficiencias del actual procedimiento. De este modo estamos respondiendo con responsabilidad y con una mirada de país, a las aspiraciones de nuestros compatriotas indígenas”(60).
Para el gobierno, entonces, el tema del reconocimiento de los mapuches tiene una carga que puede ser superada en el tiempo, lo que permitiría que al fin ellos pudieran gozar plenamente su calidad de ciudadanos. Pero para ello también se requiere de una sociedad tolerante y respetuosa con la diferencia, una sociedad pluralista que respete y valore la diversidad. No resulta extraño entonces que el acto final de clausura de los Diálogos Comunales terminara en Santiago y con la firma del “Pacto por el Respeto Ciudadano”(61). Se nos dice que con “este Pacto, sellamos el compromiso de:
- Desarrollar una sociedad que sea cada día el espacio fecundo para que cada individuo o comunidad pueda desarrollar con orgullo su identidad cultural en armonía con los otros; donde la paz, el respeto y la celebración de la diversidad erradiquen la ignorancia, la violencia y la discriminación.
- Promover una cultura y una educación que valoren la expresión de las identidades particulares, el respeto de las comunidades diferentes y la consideración de los demás, el aprendizaje sobre los pueblos indígenas, el florecimiento del potencial latente en cada persona y grupo que habita este suelo.
- Impulsar un modelo de desarrollo que contemple e integre la diversidad de nuestras costumbres, modos de vida y deseos de futuro; buscar siempre el respeto y el diálogo la solución de intereses a veces contrapuestos y en la equidad, una guía orientadora.
- Velar por el perfeccionamiento de un orden jurídico que respalde y proteja los derechos y responsabilidades de los ciudadanos, eliminando y sancionando toda forma de discriminación e intolerancia, y que cautele el cumplimiento de las leyes que favorecen el respeto de la diversidad.
- Promover formas de participación que permitan la expresión de las necesidades y ejercicio de los derechos y responsabilidades de cada ciudadano, comunidad o pueblo indígena, haciéndolo protagonista de su identidad y proyectos en el respeto de los demás seres humanos.
El ejercicio de una convivencia basada en estos compromisos nos hará posible construir este espacio de fraternidad llamado Chile, donde la riqueza de la diversidad de las expresiones culturales, espirituales y religiosas sean motivo de orgullo para todos y garantía de mejor vida para las generaciones futuras”.(62)
Esta postura del Gobierno aparece sumamente atrayente, muy democrática, muy políticamente correcta, pero olvida lo que muchos analistas han destacado hace ya varios años sobre los conflictos “étnicos”: las ciudadanías ampliadas no logran controlar, frenar o evitar dichos conflictos. Las razones pueden ser variadas, pero hay consenso de que existe de por medio un asunto de poder (está el tema de la pobreza, pero también el del territorio) y de dominación de una “mayoría nacional” sobre una “minoría nacional” (para usar los términos de Kymlicka o de Anthony Smith), que generalmente posturas como la del gobierno de Frei no ven, por sobrenaturalización de los vínculos sociales entre ellas.
La postura mapuche.
Es posible distinguir tres tendencias o formas de búsqueda reconocimiento en el seno del pueblo mapuche. Una es la campesina, muy fácil de detectar en el universo de las demandas como también en las movilizaciones. La literatura autobiográfica también nos muestra como numerosos mapuches se autocomprenden como pequeños campesinos (en la mayoría de los casos empobrecidos). Una segunda tendencia es la étnica, se trata de un reconocimiento muy generalizado y que ha tenido múltiples canales de expresión a lo largo de todo el siglo XX: la lengua, la memoria y las creencias religiosas mapuches. Su expresión política ha estado asociada a organizaciones como la Federación Araucana y la Corporación Araucana en el pasado, en el presente a ADMPU, Junta de Caciques del Butahuillimapu, etc. Una tercera tendencia es la “etnonacional”, más reciente y que merece que le demos un mayor espacio por tratarse además del discurso que domina hoy en las organizaciones más activas en los conflictos con empresas privadas, propietarios de tierras y el Estado.
Hay numeras organizaciones e intelectuales mapuches que plantean como horizonte la construcción de una nación mapuche, lo que exigiría reformular el concepto unitario del Estado-nación chileno por uno de tipo multinacional. Esta perspectiva ha ido ganando fuerza en los últimos años, y especialmente en el 99. Analistas del movimiento indígena han reconocido esta situación. Dos obras destacan en este punto la de José Bengoa (Historia de un conflicto)(63), y la de Anibal Barrera (El grito mapuche)(64). Veamos algunas citas:
“...estos jóvenes ilustrados comienzan a retomar ideas también antiguas pero de manera diferentes. Hablan de autogobierno, de autonomía, de autodeterminación de los Pueblos Indígenas”(65).
Para Bengoa, que conoce muy de cerca la dirigencia mapuche, esta idea de autogobierno y de autodeterminación es un “derecho sustantivo”. De allí que “tarde o temprano los autodesignados pueblos llegan a plantear el tema de la autonomía”(66).
Si leemos el apartado que dedicamos a las propuestas de las organizaciones mapuches encontraremos numerosos elementos que permiten señalar que está en gestación dicho horizonte. El mismo temor de El Mercurio contribuye a esa gestación (a la manera de una profecía autocumplida), igualmente las políticas del gobierno (aunque como efecto no esperado).
La pregunta que surge es qué grado de divulgación y sobre todo qué fuerza emotiva(67) tiene este “etno-nacionalismo” mapuche. Sobre este punto no hay antecedentes claros, pero permítasenos reproducir un comunicado público de una las tomas del mes de noviembre, en la cercana ciudad de Temuco:
“A nuestros hermanos en el mundo Desde nuestro mundo mapuche. Siendo las 6:30 de la mañana de hoy lunes 29 de noviembre, hemos iniciado el proceso de recuperación territorial Wenteche. El territorio de Xuf Xuf y sus Ayjarewe. A pesar de la dura respuesta armada que se nos dio en el fundo, prevaleció nuestro espíritu combativo y por siempre libertario mapuche. Tres heridos de mediana gravedad, de los oponentes, fue el resultado de la refriega. Doce lof mapu organizados, que significan, Pu papay, pu lamgen, pu peñi, pu logko, pu koha, hemos dicho, presente, aun estamos vivos. A pesar de la marginación y la pobreza en que nos encontramos, no hemos perdido nuestra dignidad. Hemos sacrificado a muchas generaciones de los nuestros, forzándolo a emigrar de su territorio ancestral, condenarlo a a vivir muchas veces en la marginalidad de los grandes centros urbanos. Pero todo tiene un límite, señores autoridades de este reciente país, denominado CHILE.
Basta de pobreza, marginación, discriminación y despojo territorial, cultural, religioso, político, social y económico. Por nuestros derechos, por nuestro pueblo, por nuestros hijos y su dignidad a vivir en un territorio digno. ¡Tus hijos estamos aún vivos y dignos! ¡Rumel newentuleayiñ! ¡Por siempre haremos fuerza! ¡Rumel Wewküleayiñ! ¡Por siempre triunfaremos! Desde el territorio de Xuf Xuf.
José Quidel Comunicación Exterior.
Organización Wenteche Ayjarewegetuayiñ.El tono de esta declaración no existía hace veinte años atrás, tampoco sus términos (“nuestros derechos, nuestro pueblo..”). Queremos insistir que la actual problemática del reconocimiento vía la “nación mapuche” y como expresión de un proyecto liberador(68), está abierta en el seno de la sociedad mapuche y que su camino no será fácil. Porque, como hemos señalado, este tipo de reconocimiento se cultiva en la élite del movimiento mapuche, y está en tensión con otras formas de reconocimiento (campesina y étnica). Una “vuelta de tuerca” sobre estos asuntos se puede hacer a partir del comportamiento electoral del los mapuches.
Los mapuches en las elecciones
"El voto mapuche no es lógico, porque aunque pueden votar por alguien, también se pueden comprometer en una lucha contra el sistema" (Alihuén Antileo, dirigente de la Coordinadora Malleko-Arauko, El Mercurio, 14 de diciembre de 1999).
Una de las paradojas del pueblo mapuche, en el siglo XX, es que parte significativa de su población ha votado por la derecha, esto viene desde los años 30, pero sobre todo en el período que va de fines de los 40 a los 60, cuando la Corporación Araucana era hegemónica en el movimiento indígena. No obstante, cuando la Corporación desapareció junto a su líder Venancio Coñuepán, la tendencia a votar por la derecha continuó. Los resultados de las elecciones del 12 de diciembre de 1999 así lo demuestran: Lavín ganó por amplios márgenes en las comunas donde la población mapuche supera el 50% del total: Tirúa (56,24%), Curarrehue (70,84%), T.Schimidt (74,07%), Puerto Saavedra (55,49%), Nueva Imperial (57,88%), Galvarino (56,03%) y San Juan de la Costa (54,31%). Lamentablemente nada podemos saber con certeza del comportamiento electoral de los mapuches urbanos(69).
La paradoja es fuerte. Por un lado, la prensa hace aparecer a los mapuches cuestionando el orden establecido (a través de tomas, de atentados contra la propiedad privada o pública); por otra, éstos votan por aquellos candidatos conservadores de dicho orden. Pero es sólo aparente, ya que resulta de una confusión de planos. ¿Los mapuches que votaron por Lavín lo hicieron por su cara neo-liberal, por la populista o por la que representa a la derecha tradicional? Hay que responder a esta pregunta de manera hipotética y no conformarse, como recientemente lo hizo el ex ministro del Gobierno de Pinochet, Alfonso Márquez de la Plata, con una respuesta rápida e interesada: “La prueba más clara de que el gobierno del Presidente Pinochet interpretó el sentir de la gran mayoría de los mapuches fue el apoyo electoral que tuvo de ellos en el plebiscito de 1988”(70).
Intentemos dar una interpretación. Pensamos que los mapuches no votaron por la cara neo-liberal de Lavín, ya ese programa programa implicaría la disolución de las comunidades y de sus identidades étnicas (que incluye el tema de la “deuda histórica”). En otras palabras, si para los mapuches Lavín encarnara los postulados de la actual línea Editorial de El Mercurio, obviamente que no habrían votado por él.
Tratemos ahora la cara populista: ésta es mucho más atrayente. Lavín no tiene un programa específico para los mapuches (a no ser un plan de becas y de apoyo a las familias más pobres), pero sí un programa para el país. Promete lo que la izquierda quería dar en el pasado: el cambio. Y para los mapuches, que son los más pobres entre los pobres, un cambio es fundamental: Lavín promete trabajo y estabilidad. En este escenario Lagos representa la continuidad. Lavín la continuidad pero con cambio. Además Lagos arrastra la pesada carga de los errores y equívocos de la Concertación (que incluyen la crisis de la CONADI, Ralco, etc.).
Veamos la tercera cara, la representación de la derecha tradicional. Vamos a sostener que un sector importante de mapuches que votaron por Lavín lo hicieron por esta dimensión (ésta se complementa con la anterior). La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué significa la “derecha” para la cultura política de los mapuches? Antes es necesario descartar, replantear o precisar algunas hipótesis.
Primero, en el pasado reciente hubo una tendencia a explicar el voto por la derecha –en el plebiscito del 88 y en las elecciones presidenciales del 89- por la capacidad que tenía el Estado y sus instituciones por coptar el voto mapuche(71). Estas elecciones estarían demostrando que el voto mapuche está más allá de esta lógica: el Estado, a través de la CONADI y de otros organismos del Estado, ha entregado cantidades mayores de recursos que en el gobierno militar y, sin embargo, su candidato no fue apoyado.
En segundo lugar, Pedro Marimán, al analizar el “voto mapuche” en las elecciones de 1989, señalaba que: “Al parecer se vota por un candidato que debería reunir a lo menos dos características indisolublemente unidas: de una parte, contar con el respaldo político de un partido que participe directamente en el control del Estado (o con capacidad de influencia frente a él), y de otra, poseer un nivel de influencia y capacidad personal reconocida o supuesta por el grupo, y que haga prever de antemano su triunfo sobre los otros candidatos”(72). ¿No reunía Lagos estos atributos? ¿O para los mapuches Lagos era un perdedor? Nosotros pensamos que el voto mapuche se inclina por el poder, poder que se encarna en la figura del “poderoso” y, no necesariamente en las figuras del Estado. Pedro Marimán es muy consciente de esto ya que precisa que es “muy propio de grupos socialmente marginalizados que entienden como inútil una opción propia, derivando, por tanto, su apoyo a aquellas instancias representativas del poder establecido”. En otras palabras se otorga el voto “a quien dispone del poder..., pero entre las candidaturas que ofrecen proyección de los beneficios de ese poder se escoge al que aparentemente se asocia más directamente a él y que cuente además con la capacidad para declararlo”(73). Pensamos que esta es una vía que merece darle “otra vuelta de tuerca”.
La vuelta va por el concepto de reconocimiento. Los mapuches, como todos, requieren de reconocimiento, pero no de los pobres y postergados, sino de los poderosos(74). Ahora, este reconocimiento no es equivalente al que requiere el inquilino. No, el reconocimiento que hace el mapuche de los poderosos debe ser comprendido bajo la óptica de la reciprocidad, ellos reconocen al poderoso pero también requieren ser reconocidos como tales, es decir, como poderosos. En otras palabras es un reconocimiento entre señores y no del amo al esclavo. Recordemos el tema de la guerra, tan presente en la memoria y donde la oposición huinca/mapuche es central. Pensamos que allí radica el mérito de Coñuepán --como hoy lo tiene, de algún modo, Aucán--, mostrar que los mapuches no deben ser entendidos en la lógica de la pobreza, que ellos no son pobres, sino antes que nada mapuches, y, por tanto, tan poderosos como el huinca(75) (recientemente Bengoa nos ha recordado como Coñuepán tenía, al lado del texto del marxista lituano Alejandro Lipschutz, la espada del coronel Urrutia entregada a su abuelo). Esta es una parte de la cuestión. La otra se podría formular así: los mapuches son hoy pobres por factores históricos, la responsabilidad última es del Estado y éste sólo puede ser administrado de forma adecuada por los poderosos, luego deben ser ellos los que deben estar en “el poder huinca” (o permanecer en él) para solucionar dichos males. Esta es la otra cara de una dimensión entre iguales, que están hoy en una situación desigual, que debe ser reparada. La mejor expresión de estas dos dimensiones está en la participación de los mapuches en las tomas de fundos y en los ataques a las empresas forestales. Sostenemos que no existe una contradicción entre la participación mapuche en las tomas y la votación por Lavín. Creer lo contrario es no entender la realidad mapuche(76).
Otra explicación: los mapuches históricamente se han divido para las elecciones (como también en otras coyunturas políticas) entre “derecha” e “izquierda”, siendo esta última la más débil. ¿Esta es una estrategia que es coherente con su dinámica organizacional? No lo sabemos, pero hay algo “estructural” en esas fracturas, pareciera que la comunidad hiciera descansar su seguridad en el juego de “poner los huevos políticos en diversas canastas”.
Estas son todas conjeturas que permiten problematizar una situación que aparece como paradojal, digamos también que no descartan lo relativo al cohecho u otras presiones que pueden haberse producido como también la influencia de los medios publicitarios.
Pero lo que más nos interesa de la coyuntura electoral de 1999 para el caso mapuche es que nos pone frente a un escenario que escapa a una lógica simplista y que nos obliga a reconocer, en el seno de los mapuches una dinámica política, en parte motivada por factores tanto internos como externos, que obliga al Estado nacional chileno a reformular una vez más su vínculo con la sociedad mapuche.
A modo de conclusión: la problemática de cada uno de estos niveles nos puede permitir una aproximación a lo que ha sido la situación mapuche en el contexto del país y también cómo ella se puede proyectar hacia el futuro. En 1999 se ha hecho evidente que enfrentamos una crisis en las relaciones “interétnicas”, fundamentalmente por la falta de consenso en cómo encarar la “problemática mapuche”: ni en el gobierno, ni en la sociedad civil, ni en el movimiento mapuche existen acuerdos básicos, menos aún entre ellos. De allí que es muy posible que en el año 2000 los conflictos continúen (sea cual sea en el futuro la coalición que gobierne) y que las posiciones más “mapuchistas”, que insisten en la línea más autonómica, se fortalezcan como así también los llamados mercuriales al orden. Lamentablemente el movimiento mapuche y la sociedad chilena perdieron la oportunidad de haber aprovechado la coyuntura de las elecciones para haber producido un nuevo pacto. Esta ausencia grava aún más la sensación de crisis. El escenario próximo se ve así cargado de nubes grises. Por otro lado, si el tema del orden, tan caro a la tradición institucional chilena, prima por sobre la “deuda histórica” y “los derechos de los mapuches”, ello generaría consecuencias que pesarán una vez más en los vínculos entre ambos “pueblos”. Es de esperar que prime la racionalidad y se pueda enfrentar la crisis encontrando el camino de un orden que permita ir resolviendo el tema de nuestras nacionalidades y su forma de co-existir en el Estado chileno.
Anexos Notas
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