Las tierras de la ira
Los sucesos de Traiguén y los conflictos entre comunidades mapuches,
(publicado en: Praxis. Revista de Psicología y ciencias humanas Nº1, 1999,
empresas forestales y Estado
Universidad Diego Portales, Santiago)Jorge Iván Vergara, Andrea Aravena, Martín Correa y Raúl Molina
ResumenEn el trabajo se analizan los conflictos actuales entre comunidades mapuches, empresas forestales y Estado a partir del caso de la comunidad Antonio Ñirripil o Temulemu, de Traiguén. Se reconstruyen críticamente las visiones que sobre ellos elaboraron o reprodujeron los medios de comunicación, específicamente la prensa, y los sectores políticos. Luego se muestran las raíces históricas de dichos conflictos, cuya base principal radica en la disputa en torno a la propiedad de la tierra. Esta se origina a fines del siglo pasado, con la entrega de los llamados títulos de merced y el traspaso a propietarios privados de la casi totalidad del antiguo territorio mapuche de la Araucanía. Los intentos de parte de las comunidades mapuches de obtener una respuesta satisfactoria del Estado a sus demandas territoriales han sido infructuosos, generándose un proceso de empobrecimiento económico y de los recursos naturales dentro de ellas. A ello ha contribuido, en las últimas décadas, la política estatal de fomento forestal, que ha permitido su instalación y crecimiento en zonas mapuches, en desmedro de la población indígena. Esto explica el vigor y la profundidad del problema.
Introducción
Jorge Iván Vergaramarzo de 1999, un grupo de nueve investigadores y académicos interesados en la temática indígena, especialmente mapuche, constituyeron, bajo el patrocinio del Colegio de Antropólogos de Chile (AG), el Taller de Coyuntura Indígena (TCI)(1). El objetivo central que se fijó el grupo fue aportar con información y reflexión crítica respecto a las relaciones entre los pueblos indígenas y la sociedad chilena. Los integrantes del Taller consideramos muy preocupante lo ocurrido con las comunidades mapuches de Malleco y Arauco, que alcanzó notoriedad a fines del año anterior y comienzos de éste por la gravedad del conflicto que las enfrentaba, y enfrenta aún, a empresas forestales y a propietarios particulares. El caso de la comunidad Temulemu de Traiguén ha sido el más notorio, ocupando por casi medio año las primeras planas de los medios de comunicación. Con este fin, se decidió elaborar un documento de trabajo en que se expusieran y analizaran los principales antecedentes históricos y legales de este conflicto, considerando también otras situaciones similares y proponiendo algunos criterios y marcos de interpretación más amplios. El artículo que aquí se presenta es una versión resumida del informe final, elaborada por cuatro miembros del Taller, pero discutida por todos sus integrantes, lo que permitió acordar una línea general de interpretación(2). Se trata, por tanto, de un esfuerzo individual y colectivo(3).
En la primera parte del artículo, escrita por Jorge Iván Vergara y Andrea Aravena, se hace una reconstrucción del conflicto a través de la prensa para el período transcurrido entre octubre de 1998 y fines de marzo de 1999, o sea, aproximadamente seis meses. Sobre todo, se busca aquí reconstruir las visiones e interpretaciones que caracterizaron las acciones de las comunidades mapuches como una amenaza a la propiedad privada, a la ley y la seguridad pública, e incluso como parte de un "levantamiento étnico", cuyo objetivo final sería la separación del Estado chileno. Aquí también aparece, pero bajo un prisma deformado, el problema de la pobreza mapuche y la responsabilidad del Estado, aspectos que se retoman en las conclusiones.
Martín Correa expone a continuación los principales antecedentes jurídicos del conflicto en Temulemu, cuya comunidad mapuche recibió un título de merced del Estado en 1884 y ha realizado, por lo menos desde 1926, gestiones para recuperar tierras antiguas no incluidas en dicho título y otras que, reconocidas por éste, se encuentran en manos de propietarios privados, concretamente la empresa forestal Mininco. La instalación de esta empresa en el fundo santa Rosa de Colpi, colindante a la comunidad, y, sobre todo, el inicio de las faenas de tala de los bosques en terrenos reclamados por ella, fueron el detonante más inmediato del conflicto, aunque éste tenía una larga data. Correa analiza, al respecto, cómo la política estatal de formación de la propiedad de la tierra tuvo serias deficiencias y perjudicó a las comunidades mapuches. Temulemu constituye, entonces, un caso paradigmático y no un fenómeno excepcional.
La tercera parte del trabajo, de responsabilidad de Raúl Molina, analiza el papel de las empresas forestales en el deterioro de los recursos naturales y la expulsión de mano de obra y subraya el apoyo decidido del Estado a la explotación forestal en zonas donde existe un largo conflicto por la propiedad de la tierra. Dicho conflicto se ha profundizado en relación a los bosques allí plantados, además de agudizar la situación de pobreza que se ha ido produciendo a lo largo de este siglo, desde la entrega de títulos de merced a los mapuches durante el proceso de radicación (1883-1929). Molina subraya el contraste entre el fomento estatal de las empresas madereras y el abandono en que han ido quedando las comunidades mapuches de Malleco y Arauco, pese a la ley indígena de 1993 y la acción de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Finalmente, en las síntesis y conclusiones, elaboradas por Jorge Iván Vergara, se identifican los principales componentes o niveles del conflicto entre mapuches-forestales-Estado, buscando también mostrar cómo se han producido históricamente sus relaciones.
Los antecedentes expuestos llevan a la conclusión que los hechos producidos en Traiguén son el fruto de una larga historia de problemas no resueltos en torno a la propiedad territorial y los derechos indígenas. No son una expresión de un levantamiento indígena apoyado por agentes externos, como lo han sostenido los medios de comunicación, algunos empresarios forestales e incluso, en un comienzo, algunas autoridades de gobierno. En este sentido, la presencia de las empresas forestales ha sido un elemento decisivo, pero que no puede comprenderse sin tener en cuenta la historia anterior.
Una aclaración de rigor. Este artículo no pretende en modo alguno ser la última palabra sobre la temática abordada. Nuestra experiencia de investigación nos ha mostrado su complejidad y también los riesgos y dificultades para abordarla. Por ello, y dada las limitaciones que hemos tenido como para realizar un estudio más profundo sobre el tema(4), hemos querido dar a estas páginas el carácter de una reflexión cuya aspiración principal es contribuir a la generación de una discusión sobre la situación de los pueblos indígenas en Chile, en especial de los mapuches. Como se desprende de la lectura del trabajo, en ningún caso nos arrogamos la representación de ellos. Son sus comunidades, líderes y organizaciones, quienes tienen - y ejercen de hecho- esa responsabilidad. La finalidad última de este esfuerzo es precisamente mostrar la necesidad de un diálogo abierto y en igualdad de condiciones entre los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad chilena, reconociéndoles sus derechos y, sobre todo, el derecho a vivir su propia cultura.
La visión del conflicto a través de la prensa
Jorge Iván Vergara y Andrea AravenaEl conflicto que enfrentó (y enfrenta) a las comunidades mapuches en Malleco y Arauco con las empresas forestales allí asentadas hizo su aparición en los medios de comunicación a mediados de octubre de 1998, cuando un grupo de personas, presumiblemente mapuches, asaltó dos camionetas de Forestal Mininco y agredió a sus ocupantes. A partir de este incidente, la prensa y la televisión volcaron su atención al problema mapuche en la región. La aparición de nuevos casos de conflicto entre mapuches y empresas forestales aumentó el interés por estas situaciones de parte de los medios de comunicación y de la opinión pública, así como del propio Gobierno y las organizaciones indígenas. En este trabajo nos hemos atenido únicamente a los casos de Malleco y Arauco, sobre todo al de la comunidad Temulemu, que perdió (al menos por ahora) relevancia al instalarse una mesa de negociación en marzo de este año. Por esta misma razón hemos limitado nuestro análisis al período octubre de 1998-marzo de 1999.
No pretendemos reconstruir en detalle las visiones en juego, así como de las acciones emprendidas por cada uno de los protagonistas. Nuestro objetivo es más modesto: analizar el desarrollo del conflicto a través de un medio de comunicación, particularmente la prensa nacional(5), intentando también dar cuenta de cómo ella lo interpretó. Para esto hemos organizado nuestro análisis en base a cuatro fases, que reflejan otros tantos aspectos de la visión deformada o estereotipada con que se relata el tema a la opinión pública. En primer lugar, para la prensa, la situación se inicia con "el ataque a las camionetas de forestal Mininco". Se ignoran así las raíces históricas del conflicto. En segundo lugar, se pone prácticamente toda la atención en los hechos de "enfrentamientos en la comunidad de Cuyinco y la supuesta existencia de armamento hechizo". Se privilegia así la dimensión violenta que adquiere el enfrentamiento entre las comunidades mapuches y las empresas forestales, atribuyéndoles el poseer y utilizar armas de fuego ilegales. A ello se suma "la agresión sufrida por carabineros y el apoyo extranjero" y, finalmente, se llega a hablar de "rebelión étnica" y de "escuela de guerrillas". O sea, se le da a los conflictos la connotación de ser expresión de una voluntad de agresión de los mapuches, con respalado internacional y con el carácter de una rebelión armada o semi-armada contra el Estado.
Junto a estos cuatro elementos, y sólo con el fin de aportar antecedentes que permitan mejor entender el desarrollo de los sucesos, se incorpora un último párrafo referido a los "nuevos conflictos y a la apertura de las negociaciones". Así, este análisis persigue el doble propósito de relatar tanto el desarrollo de los sucesos de Traiguén a través de la prensa nacional, como mostrar la visión incompleta y unilateral que ella les dio. Como veremos, se tratará de una representación que gira principalmente en torno a la "violencia", violencia de la cual serían responsables los mapuches y, secundariamente, en torno a la "pobreza" que los afecta. Se ignoran, en general, los antecedentes de orden histórico, sociológico y antropológico.
El ataque a las camionetas de forestal Mininco: De acuerdo a las informaciones de prensa, el conflicto habría estallado el 14 de octubre de 1998, cuando fueron atacadas dos camionetas de Forestal Mininco por un grupo de personas, aparentemente miembros de la comunidad Antonio Ñirripil (también llamada Temulemu). En algunas versiones se habló que los agresores, en número de 50 a 70 personas, se habrían presentado "encapuchados". Alvaro Jaramillo, conductor de uno de los vehículos, afirmó que el ataque se produjo cuando 70 mapuches los agredieron con "tablones con clavos" e incluso que se hizo un disparo con "escopeta hechiza" a la rueda y a la puerta de la camioneta(6). Miembros de la comunidad negaron su participación en los hechos, que motivaron al Intendente de la IX Región, Oscar Eltit, a solicitar un ministro en visita. Además, afirmaron que los guardias los habrían hostilizado en diversas formas. Uno de ellos, Eduardo Norín, de 21 años, relató a un periodista que había sido agredido por guardias de Mininco sin mediar provocación: "me dijeron que andaba robando y me pusieron una pistola en la cabeza. Me zamarrearon y querían cortar la 'coyunda' de los bueyes. El lazo me lo cortaron en pedacitos y se llevaron la escopeta, una cadena y el hacha, que son mis herramientas de trabajo"(7). Así, ya en las primeras informaciones aparece la imagen de los mapuches como agresores de las forestales, imagen que es desmentida por los propios afectados, que señalan, por el contrario, haber sido ellos objeto de ataques y provocaciones.
Los enfrentamientos en la comunidad de Cuyinco y la supuesta existencia de armamento hechizo: La organización mapuche Meli Witran Mapu en una declaración pública de 21.10.98(8), denunció que se habían producido situaciones similares en comunidades mapuches de Arauco, como la comunidad de Cuyinco. Dicha comunidad habría sido objeto de diversos ataques por parte de guardias de Forestal Arauco. A esa fecha, ya se habrían producido cuatro enfrentamientos con guardias contratados por la forestal en la zona (un total de 150). Ocho vehículos de la forestal habrían sufrido daños menores, pero por lo menos cinco mapuches y el abogado de la familia Fren, Carlos Domínguez, habrían sufrido ataques, entre ellos, el lonko de la comunidad, Manuel Antonio Fren, y su familia. El principal enfrentamiento tuvo lugar el 14 de octubre, el mismo día del ataque a las camionetas de forestal Mininco. Los guardias habrían destruido también dos casas y un aserradero de la comunidad, avaluados en siete millones de pesos, y estarían en posesión de armas de fuego. Se anuncia la petición de un ministro en visita por parte del Consejo Municipal de Los Alamos, la oficina regional de la Conadi y el Sindicato de Trabajadores de la Salud de Concepción. A consecuencia de los enfrentamientos, dos mapuches fueron detenidos y un teniente de carabineros resultó lesionado(9).
Posteriormente, continuaron produciéndose incidentes entre la comunidad, la fuerza pública y la empresa forestal. El Fundo Cuyinco comenzó a ser patrullado por Carabineros, de acuerdo a resoluciones del Juzgado de Letras de Lebu, cuya finalidad era "impedir agresiones o actos de atentados a la integridad física y vida del personal de Bosques Arauco que laboran o transitan por el terreno antes mencionado"(10). Se habló de "armamento hechizo" encontrado en el fundo Cuyinco por guardias de forestal Arauco, lo que fue desmentido por el abogado de la familia Fren, Jorge Menchaca, quien señaló que bastaba ver de qué bando eran los lesionados y la casa incendiada para saber de dónde provenían las armas(11). En efecto, en el hospital traumatológico se encontraban numerosos heridos, tres de ellos graves, confirmando las declaraciones de las organizaciones mapuches. El caso seguía pendiente hasta noviembre de ese año.
La "agresión a carabineros" y el "apoyo extranjero": El 21.12.1998 en la mañana, fuerzas de Carabineros ingresaron al terreno de la comunidad Temulemu a incautar la madera que los mapuches habrían extraído del predio en conflicto. Los comuneros solicitaron al Intendente Eltit y al Gobernador de Malleco, Roberto Parant, "pronunciarse ante esta grave situación” y agregaron: "le preguntamos si le interesa la vida mapuche, porque han sido tan negativos en generar una vía de solución ante la situación territorial que tiene un carácter tan dramático en nuestras comunidades"(12).
En febrero se produjo una segunda incautación, ésta vez con mayores consecuencias. La prensa habló de una "grave agresión a carabineros", mientras los mapuches sostuvieron, por el contrario, que fueron ellos los agredidos, por fuerzas casi veinte veces superiores. Además, se destacó la presencia de un ciudadano extranjero en Temulemu, quien habría intervenido activamente en el enfrentamiento entre mapuches y fuerzas policiales, sugiriendo la existencia de apoyo externo a éstos. El tema de la "infiltración" dentro del movimiento mapuche será recurrente en las semanas siguientes.
El 19 de febrero se produjo un nuevo enfrentamiento entre mapuches y carabineros en Temulemu. La policía ingresó con una orden judicial para efectuar un requisamiento de la madera "perteneciente a la forestal", y de la cual se habrían apropiado indebidamente los miembros de la comunidad indígena. La Tercera(13)afirmó que éstos opusieron resistencia y, en número de 80, agredieron a los policías con "palos y boleadoras". El Mercurio, en cambio, fue más cauto. Aseguró que los incidentes se produjeron "cuando un centenar de comuneros se opuso a que la policía incautara leña talada ilegalmente desde el Fundo Santa Rosa de Colpi [...] que pertenece a Forestal Mininco pero cuya propiedad es reclamada por los indígenas"(14).
Del conflicto forestal a la "rebelión étnica" : Después del enfrentamiento por la incautación del aserradero y la madera de la comunidad, proliferaron versiones de prensa que atribuyeron a las movilizaciones mapuches el carácter de una "rebelión étnica". Por ejemplo, La Tercera(15) titula una noticia relativa al tema: "Ocho werkenes mapuches tras rebelión étnica". Sin embargo, la línea interpretativa la dio El Mercurio en largos reportajes en sus ediciones del domingo y en editoriales y comentarios durante la semana. Así, el 28.2.1999, El Mercurio incluyó en su cuerpo de reportajes un extenso artículo titulado "Nuestro pequeño Chiapas. 1999: el año de la rebelión mapuche"(16). En él se sostiene la existencia de un movimiento de rebelión organizado, progresivamente agresivo (incluso se dice que "las primeras armas en manos de los indígenas ya aparecieron"), con apoyo internacional y destinado a la obtención de autonomía territorial, "la independencia final", según expresión de los propios indígenas. Afirman que el gobierno tiene conocimiento de que "1999 es 'el' año del levantamiento mapuche, con un sinnúmero de violentas acciones que se concentrarían en dos zonas específicas: Nueva Imperial y Diego de Almagro".
El reportaje incluyó también una entrevista al presidente de la Corporación de la Madera (Corma), José Ignacio Letamendi, quien afirmó que los problemas con los mapuches se originaban por la miseria en que se encuentran, de la cual las forestales no son responsables y culpa de debilidad al gobierno, por no detener las acciones de violencia. El tono fue más cauto que el de Andrés Ovalle, gerente regional de Mininco. Un mes antes, Ovalle había hablado de acciones concertadas por parte de los mapuches, instigadas por Ad-Mapu y su presidente(17), "quien tiene el apoyo del Partido Comunista, que incentiva la toma de fundos", y por otras organizaciones, como el Consejo de Todas las Tierras(18). Pero fue el mismo Letemendi quien dio más fuerza a las versiones de infiltración externa. De acuerdo a Ercilla, señaló que: "No es un problema con los indígenas, sino con gente infiltrada, incluso extranjeros", aunque dijo desconocer de quién se trataba, ya que "actúan de noche"(19). El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Walter Riesco, fue aún lejos. En las acciones mapuches participarían "activistas extranjeros" y habría "una evidente concomitancia entre grupos de presión ambientalistas, entidades extranjeras, sectores políticos nacionales y dirigentes indígenas"(20).
El 5.3.1999, El Mercurio volvió a la carga con otro extenso reportaje sobre el conflicto de Temulemu: "El 'Fuerte Mininco'. Mapuches arrinconan a empresa forestal"(21). Al domingo siguiente, aparecerá otro artículo central del cuerpo de reportajes, esta vez con el título: "¿Parafina a la madera? El gobierno frente al conflicto mapuche"(22), cuando ya se habían iniciado las primeras negociaciones de solución del caso con la intermediación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Se trata, fundamentalmente, de cuestionar la política del gobierno. Se reitera que habría infiltración de extremistas dentro de los mapuches, concretamente del Mir (Movimiento de Izquierda Revolucionario)-EGP (Ejército Guerrillero del Pueblo), "que si bien no ha logrado penetrar en las comunidades que están negociando en Traiguén, estaría muy activo en Collipulli, algunos de cuyos dirigentes han intentado liderar sin éxito en el conflicto con Mininco".
El "primer muerto en conflicto mapuche" y la "escuela de guerrillas": Adelántandonos en el tiempo, cabe consignar que, a las versiones de un "levantamiento mapuche" se les añadió, en los meses siguientes, un nuevo elemento: la supuesta presencia de grupos extremistas apoyando a los mapuches. El 27 de marzo habría sido incendiada una bodega con "bombas molotov". Dos días después, en LLeu-Lleu apareció muerto un empresario maderero. La prensa se apresuró en identificarlo como una víctima de un enfrentamiento con indígenas. Así, La Tercera del 30 de marzo tituló un artículo sobre el asesinato: "Primer muerto en conflicto mapuche"(23). Sin embargo, dentro del artículo se reconoce que se trata de un caso de "absoluto carácter policial", lo que fue confirmado por el Intendente de la VIII Región, Martín Zilic, e informaciones posteriores.
En las semanas siguientes, se insistió en la existencia de un vínculo entre comunidades mapuches y grupos paramilitares de izquierda. La Segunda , por ejemplo, habló de "Una rama descolgada del MIR(24), el Ejército de Liberación de Los Pobres, Patria Libre, [que] trazó como estrategia la canalización de la lucha de izquierda a través de lo que ellos denominan la revolución de los pueblos originarios"(25). El senador de la Unión Demócrata Independiente (Udi), Carlos Bombal, repitió literalmente estas aseveraciones en una entrevista con El Mercurio , donde señaló además "que es urgente que el Gobierno desarticule a los grupos extremistas que están dominando al pueblo mapuche"(26). En cambio, el senador del Partido por la Democracia (Ppd), Roberto Muñoz Barra, consultado por la misma fuente, "reiteró que no hay infiltración política en el movimiento de los mapuches". Sin embargo, sostuvo que la presencia en él de "un sector radicalizado de comuneros jóvenes mapuches" era "tan peligrosa como si hubiese sectores extremistas, de tendencia terrorista". Así, la argumentación se desplaza de lo real, la supuesta existencia de grupos extremistas dentro del movimiento mapuche, a lo puramente simbólico: no hay extremistas, pero es como si los hubiera.
En general, las versiones de infiltración extremista citan siempre "una fuente de inteligencia" o "fuentes policiales", que no se identifican. En la práctica no se ha podido demostrar la existencia de dicha infiltración. Sin embargo, se habló de un temor creciente de parte de los agricultores, que, según el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (Sna), Ricardo Ariztía, "están contratando guardias y vendiendo el ganado por miedo a nuevos ataques mapuches"(27)
El mismo 31 de marzo, La Segunda afirmó que la policía buscaba un campo de entrenamiento guerrillero para mapuches en la Cordillera de Nahuelbuta. El Gobierno rechazó tajantemente estas imputaciones. El Ministro de Agricultura, Carlos Mladinic, declaró a la prensa: "No estamos frente a un pueblo en armas"(28). El Intendente de la VIII región afirmó, por su parte, que "hablar de escuelas de adiestramiento extremista hacia sectores más radicalizados de mapuches, en la zona cordillerana de Nahuelbuta, en las provincias de Arauco y Malleco, carece de todo fundamento de acuerdo a los informes de inteligencia policial que maneja el gobierno regional"(29). En el mismo sentido, y según informaciones periodísticas, el alto mando de Carabineros desmintió "en forma terminante" que estuviera empeñada en buscar un campo de adiestramiento, indicando que se trataba de "una mala interpretación de una serie de preguntas y respuestas hechas por algunos ‘reporteros’"(30).
Nuevos conflictos y apertura de negociaciones: A principios de marzo, la Conadi toma un rol más activo en la resolución del conflicto entre la comunidad de Temulemu y Forestal Mininco. Pese a las dificultades iniciales, se logra instalar una primera mesa de diálogo tripartita forestal-mapuches-gobierno. Además, la Conadi logra que forestal Arauco venda 589 hás en Arauco, reclamadas por la comunidad mapuche de Antiquina(31). Paralelamente hay movilizaciones mapuches en Cañete, donde se produce la toma de un fundo por la comunidad mapuche de Lautaro-Antiquina el 11 de marzo, la que se prolonga unas pocas horas(32). En Lleu-Lleu se producen nuevos incidentes después de un nguillatún. Se asalta la hacienda de Osvaldo Carvajal. Según el propietario y fuentes oficiales, el ataque habría sido dirigido por "infiltrados" y personas ajenas a la comunidad mapuche. Se detiene a 18 personas(33), las que posteriormente fueron puestas en libertad por falta de méritos. Los últimos cuatro detenidos abandonaron la cárcel el 19 de marzo(34). Sin embargo, hubo nuevas detenciones y dos personas fueron sometidas a proceso. El caso continúa en tribunales.
El conflicto en Temulemu pierde intensidad cuando forestal Mininco acepta la solicitud de Conadi de detener la tala de los bosques dentro de las 58,4 hás que son parte importante del conflicto(35). Gracias a ello, se puede instalar una mesa de negociación, cuyos primeros frutos es la firma, el 18 de marzo, de un acuerdo entre los miembros de la comunidad de Temulemu y la Conadi(36). Los mapuches se comprometen a detener sus acciones a la espera de la compra del predio de 58,4 hás por parte del organismo público. El acuerdo no es suscrito por la totalidad de los dirigentes. Pascual Pichun se retira de la mesa sin firmar. Sí lo hace Huenchu Nahuelcura, el Presidente de la comunidad Temulemu. Esta división se mantiene hasta la fecha(37). Asimismo, han existido versiones contrapuestas acerca de la efectiva detención de faenas de tala por parte de Forestal Mininco(38). Igualmente, la información disponible permite suponer que existen dificultades en lograr que la empresa acceda a vender las tierras(39), lo que podría relacionarse con la existencia de bosques explotables.
Al 30 de julio, cuando se concluyó la corrección del artículo, el predio de 58,4 hás no había sido comprado por Conadi ni devuelto a la comunidad mapuche. No obstante, Conadi adquirió a mediados de marzo 767 hás en Traiguén, destinadas a la comunidad de Temulemu Grande, vecina de la comunidad Antonio Ñirripil o Temulemu. Esto fue el fruto de dos años de negociaciones y trabajos(40). Paralelamente, en marzo estallaron un número importante de nuevos focos de conflictos en diversos puntos de Arauco, Malleco y Cautín, en las Regiones Octava y Novena, e inclusive en la Décima Región. El gobierno, representado por el Director Nacional de Conadi y el Ministro de Planificación, Germán Quintana, llevaron a cabo gestiones en la zona para establecer mesas de diálogo con representantes de numerosas comunidades, en diversas localidades, a efectos de conocer y cuantificar las demandas de los mapuches. Entretanto, además, un centenar de dirigentes mapuches, liderados por el Consejo de Todas las Tierras, iniciaron el 27 de mayo una marcha desde Temuco a Santiago a objeto de entrevistarse con el Presidente de la República(41).
Como hemos visto, desde el estallido del conflicto, la prensa nacional difundió versiones acerca de una infiltración subversiva dentro del movimiento mapuche, al que se le atribuyó además, tener el carácter de una rebelión o levantamiento étnico. Más específicamente, los mapuches fueron acusados de agresores de carabineros y de empleados y guardias de las empresas forestales. En efecto, la prensa ha difundido fundamentalmente las versiones que atribuyen el origen de los enfrentamientos con empresas forestales a una acción violenta y deliberada de parte de los mapuches, inclusive con el propósito de protagonizar un "levantamiento indígena". Se ha hablado con profusión, de la presencia de "elementos infiltrados" dentro del movimiento mapuche, que actuaría además coordinado y bajo el mando de algunos dirigentes y organizaciones radicales. Sin embargo, conforme se desenvolvía el conflicto, la misma prensa fue recogiendo otros antecedentes, aunque siempre subordinados a la visión antedicha. A ésta también se le añadió un nuevo componente: el de la pobreza mapuche, que sería para algunos, entre ellos el presidente de la Corma, el problema de fondo y la causa de los conflictos.El resultado de esta indagación nos muestra, por un lado, la tendencia a hacer del conflicto un caso policial o de seguridad del Estado, que transforma a los mapuches en responsables de amenazar el orden establecido, incluso con propósitos de cuestionar la unidad nacional; o bien, aunque con menor énfasis, a culpar al Gobierno por no dar solución a la “pobreza” mapuche, eximiendo a las empresas forestales y a la acción de fuerzas policiales de cualquier responsabilidad en la generación del problema. En su versión más extrema, este estilo tiende a reproducir un patrón simbólico de comprensión de la realidad indígena que se caracteriza por centrar su atención en los "hechos de violencia", en los "levantamientos", y en la proyección del pueblo mapuche como un “pueblo en armas”. Se establece, para ello, un campo comunicacional, que legitima potencialmente procesos de exclusión social y justifica la posición de las empresas forestales. A ello se suma finalmente el tan frecuentemente usado estereotipo del mapuche "flojo" y "borracho", de profunda raigambre en la sociedad chilena(42).
Lo fundamental, de este punto de vista, es que el conflicto no es visto en su dimensión histórica. Se lo reduce a su manifestación más visible y coyuntural, ignorándose su desarrollo anterior y sus causas. Para la prensa y la mayoría de la clase política, la cuestión mapuche se reduce a un problema de violencia y a un problema de pobreza, a través de una visión estereotipada que además de obviar la dimensión histórica, ignora decididamente toda dimensión cultural. De esa forma, en la prensa, lo súbito, lo extraordinario, el acontecimiento, se impone por sobre el proceso, el desarrollo y la complejidad de la situación. Estos serán precisamente los aspectos a tratar en los dos apartados siguientes.
La comunidad de Temulemu: origen y desarrollo de la deuda histórica
Martín CorreaLa situación actual de la comunidad mapuche de Temulemu respecto de sus demandas de tierras es similar a la de la gran mayoría de las comunidades mapuches de la provincia de Malleco. Encontramos en ellas dos tipos de demandas territoriales. En primer lugar se reivindican las tierras que se perdieron al momento en que el Estado chileno declaró baldía y sobrantes, por tanto fiscal, parte importante de la superficie jurisdiccional del antiguo cacique. Esta fue luego rematada y adjudicada a particulares, sustrayéndola del dominio mapuche, dando origen a la demanda histórica por las "tierras antiguas": los sectores de ramoneo, recolección, aguas y bosques. Es en estos sectores donde se formarán posteriormente los fundos particulares con los que se matendrán conflictos a lo largo de todo el siglo.
En segundo lugar, los mapuches reclaman la propiedad de las tierras que si bien les fueron reconocidas en dominio a través de los títulos de merced, en el transcurso del presente siglo han sido objeto de numerosas usurpaciones. Este es el caso de la comunidad Antonio Ñirripil o Temulemu, a quien se le entregó un título de merced en 1884, de 922 hás, parte del cual (58,4 hás) fue incorporado e integrado de hecho al fundo Santa Rosa de Colpi, colindante con la comunidad(43).
Fruto de lo anterior, en 1926, la comunidad entabló demanda de reivindicación ante el Juzgado de Indios de Victoria, con el objetivo de recuperar el dominio de las tierras perdidas. Sin embargo, dicho tribunal jamás puso en cuestión las tierras demandadas fuera de lo deslindado en el Título de Merced, reconociendo a dicho instrumento la categoría de única fuente de derechos territoriales indígenas. Desconoció así que las tierras perdidas no fueron objeto de una acción voluntaria por parte de las familias despojadas de sus tierras antiguas, sino una acción desplegada por la "Comisión encargada de deslindar terrenos de Indígenas", repartición estatal destinada a tales efectos(44).
No obstante ello, igualmente se presentó una demanda ante el particular Cardenio Lavín, propietario del fundo Santa Rosa de Colpi, juicio que terminó en 1931 con una sentencia favorable a las familias de Temulemu, ordenándose al particular restituir a la comunidad mapuche 58,4 hectáreas. De acuerdo al tenor de dicha sentencia, las 58,4 hectáreas habrían sido restituidas en el año 1935, lo que -de acuerdo a antecedentes recabados y al testimonio de las familas de Temulemu- no se habría consumado.
Luego, durante el proceso de reforma agraria (1967-1973), existió la posibilidad de recuperar las "tierras antiguas", específicamente aquellas que dieron origen a los fundos Nancahue y Santa Rosa de Colpi. Sin embargo, en el caso específico de Temulemu, la Corporación de Reforma Agraria (Cora) sólo postuló la devolución de las tierras que, habiendo sido reconocidas como dominio mapuche a través del título de Merced, se les había sustraído por el fundo Santa Rosa de Colpi, o sea, las 58,4 hás a las que nos hemos referido antes.
Posteriormente, durante el proceso de división de las comunidades por el INDAP-DASIN(45), las familias de Temulemu plantearon nuevamente la doble demanda de restitución de las tierras faltantes al interior del Título de Merced y de aquellas que no les fueron reconocidas en dominio, razón por las que no aceptarían gestión alguna que no reconociera la globalidad de la demanda. Pese a ello, Indap-Dasin llevó a cabo la división, adjudicando hijuelas individuales a cada familia.
Lo contradictorio de este dilatado conflicto radica en que, cuando las familias mapuches de Temulemu plantean la devolución de las "tierras antiguas" se les responde que sólo tienen derecho a los terrenos que les fueron adjudicadas en Título de Merced. Por otro lado, la situación de las 58,4 hectáreas usurpadas al interior del Título de Merced, por tanto con pleno derecho a ellas, fue aclarada en el año 1935 y ha sido ratificada a lo largo de más de 60 años como demanda legítima y ajustada a derecho por diversas autoridades, no obstante estar aún pendiente. En efecto, cuando se demandan las tierras antiguas, correspondientes a parte de los fundos Santa Rosa de Colpi y Nancahue, las autoridades de gobierno responden que sólo constituye fuente de derechos lo reconocido en el Título de Merced. A renglón seguido, se plantea que, de acuerdo a ello, debería restituírsele a la comunidad la tierra que formaba parte de dicho título y que hace largo tiempo forma parte del colindante Santa Rosa de Colpi.
Es decir, se niega la posibilidad de acceder a las tierras antiguas, y se plantea como solución a la escasez de tierras el acceso a 58,4 hectáreas que debieron haber sido restituidas en el año 1935. De aquí nace la desconfianza hacia posibles soluciones, y también se originan las recientes reocupaciones de terrenos considerados propios.
El fondo del conflicto radica en que la comunidad de Temulemu siempre ha planteado su demanda hacia la antigua jurisdicción de Antonio Ñirripil, aquella que colindaba con las comunidades vecinas y que el Estado chileno sustrajo de su dominio y la adjudicó a particulares. La respuesta siempre ha sido desconocer cualquier derecho a dichas tierras y que se le devolverán al Título de Merced las 58,4 hectáreas que tiene bajo su dominio el fundo Santa Rosa de Colpi, ya que tienen derechos a ellas.
En síntesis, a lo largo de los últimos 65 años, el trato que se ha dado por las autoridades competentes ha sido básicamente el mismo, consistente en negar a las familias mapuches el acceso a las tierras antiguas, prometer el acceso a las tierras que fueron sustraídas del Título de Merced y, a través de ello, solucionar el conflicto por las tierras.
El dato nuevo es que, ante la situación actual, las autoridades han señalado que la demanda antigua no tiene asidero, es artificial, y que responde a categorías alejadas a las pretensiones mapuches, desconociendo la historia que hay detrás, postulando que la desconfianza es fruto de intereses ocultos tendientes a mantener eternamente un conflicto solucionable, sin reconocer que existe un problema entre la legalidad y la legitimidad de las demandas.
Lo anterior se agrava cuando las autoridades regionales y nacionales aseguran que "el conflicto es superficial y mantenido por agitadores externos", para luego darle un trato policial y de seguridad interior del Estado a una demanda compartida extensivamente por muchas comunidades mapuches. Para ello, basta recordar que, de lo "efectivamente ocupado" por las familias mapuches, el Estado sólo les reconoció en dominio alrededor del 5%, adjudicando el resto a colonos chilenos y extranjeros.
Esto muestra también que el problema no es visto en su real dimensión y no hay tampoco la voluntad política para reconocer la deuda histórica que tiene el Estado con las familias mapuches, siendo el propio Estado, a través de organismos creados para abordar la problemática territorial indígena, el que ha legitimado la presencia de particulares en el área demandada.
Tanto de parte de las familias mapuches como de parte de las autoridades, se plantea lo mismo desde que a la descendencia de Antonio Ñirripil se le sustrajo de su dominio parte importante de sus tierras ancestrales. Los argumentos son los mismos, también los antecedentes, sólo ha cambiado el tratamiento que se da a los dirigentes de la comunidad, tildando de obsecuentes a quienes siguen demandando lo mismo que demandaron sus antiguos.
Se dirá que de la radicación hasta nuestros días han pasado 115 años, pero también tiene que reconocerse que ahí está el origen y se explica el desarrollo de los conflictos actuales, no obstante que aún existan quienes no quieran ver ese pasado.
Mapuches y empresas forestales: a propósito de los sucesos de Traiguén
Raúl MolinaLas acciones reivindicatorias de tierras realizadas por comunidades mapuches de Arauco y Malleco se han transformado en el último tiempo en un conflicto abierto con empresas forestales pertenecientes a importantes grupos económicos del país. Dichas acciones están motivadas por demandas ancestrales y del reciente pasado histórico, tocando el sensible tema del derecho de propiedad y la cuestionada constitución de ésta en la Araucanía.
En efecto, las acciones de recuperación de terrenos ocurridas en Traiguén con la participación de las comunidades mapuches de Temulemu, Colpi, y otras, están motivadas por antiguas demandas de restitución de dominios territoriales y han tenido un impacto relevante a nivel nacional al plantear el tema de las demandas no resueltas y poner en el tapete el sistema de expansión forestal. El conflicto de tierras ya no tiene lugar con propietarios individuales, como lo fue en el pasado, sino con poderosas empresas forestales, propietarias de grandes extensiones de tierras y de plantaciones de pino insigne. Dichas empresas han protagonizado en las últimas décadas un acelerado proceso concentración de propiedades en todas las comunas de Arauco y Malleco, expandiendo el monocultivo del pino insigne (Pino Radiata D.don.) a fin de satisfacer la demanda de plantas de celulosa, aserraderos industriales y exportación de rollizos.
La propiedad indígena ha constituido un freno al proceso de expansión forestal ya que estas tierras han sido las únicas que no han podido ser adquiridas, convirtiéndose las zonas indígenas en islas rodeadas de fundos plantados de pino. Esta vecindad es conflictiva, no solo por razones ecológicas y sociales, sino también porque las tierras en que las empresas forestales han asentado su dominio, constituyen terrenos que pertenecieron a mapuches y son demandados por ellos desde largo tiempo. Es así como asistimos a un proceso inverso a la expansión de las forestales, que podemos llamar de expansión de la propiedad mapuche, vía ocupaciones y demandas de tierras, que buscan la recomposición de los dominios territoriales que le fueron sustraídos por la acción del Estado hace poco más de un siglo.
En el caso de las comunidades mapuches de Traiguén, la demanda de restitución se realiza sobre terrenos que pertenecieron a las antiguas jurisdicciones territoriales de sus lonkos y que tuvieron vigencia hasta 1874, año que fueron ocupadas militarmente, y que después de la formación de los fundos particulares a principios de siglo, lograron recuperarse por parte de las tres comunidades mapuches en conflicto, durante el proceso de Reforma Agraria. Con posterioridad a 1973, estas tierras fueron devueltas a sus antiguos propietarios o rematadas, lo que en conjunto con la dictación del decreto ley de bonificación forestal Nº 701 del año 1974, constituyó la base para la expansión del dominio territorial y del cultivo del pino insigne en toda la región mapuche de Malleco. Pero el conflicto se expresa también en la demanda de restitución de 58,4 hectáreas en poder de Forestal Mininco y que forman parte del Título de Merced o reserva de tierras mapuches que nunca han sido restituidos a la comunidad, a pesar de existir una resolución en este sentido del Juzgado de Indios de Victoria del año 1935.Las acciones reivindicatorias de las comunidades mapuches de Traiguén no sólo han alcanzado notoriedad por la prolongación del conflicto y los enfrentamientos entre comuneros y guardias forestales, sino porque las tierras demandadas pertenecen a una las empresas forestales subsidiarias de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (Cmpc), del Grupo Económico Matte-Alessandri, propietaria de Celulosa Laja, donde Forestal Mininco es la empresa destinada a administrar el patrimonio territorial y las plantaciones de pino que abastecen a la planta de Laja. El grupo Matte-Alessandri es uno de los más tradicionales del país y cuenta con gran influencia a nivel del empresariado, de la Corporación de la Madera (Corma) y de los círculos de poder, tanto a nivel nacional como regional. De allí que el conflicto provocado por la acción reivindicatoria mapuche haya tocado un punto sensible de la economía nacional.
Forestal Mininco es la empresa que ha tenido a cargo la expansión de las plantaciones forestales para abastecer a Celulosa Laja, operando desde la década de 1970 principalmente en el área de Bío Bío y Malleco; en especial en la comunas de Angol, Collipulli, Ercilla, Purén, Los Sauces, Curacautín y Traiguén, hasta conformar un patrimonio territorial superior a las 200 mil hectáreas. En la comuna de Traiguén, Forestal Mininco posee entre otros, los fundos Santa Rosa de Colpi, Chorrillos y Temulemu, todos los cuales formaron parte de las tierras restituidas temporalmente a las comunidades mapuches durante el proceso de Reforma Agraria.
En efecto, la ampliación del patrimonio territorial de las empresas forestales -Mininco, Crecex, Bosques Arauco, por nombrar las más grandes- se realizó después de 1973, durante el proceso de contrareforma agraria, llamado también de regularización de la tenencia de la tierra, que consistió en la devolución total o parcial a sus antiguos dueños de los predios expropiados, su parcelación y remate. Este último mecanismo se utilizó profusamente para las tierras forestales de Malleco, transfiriendo la Corporación de la Reforma Agraria (Cora) las tierras de aptitud preferentemente forestal a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para que procediera al remate, con lo que grandes extensiones del patrimonio del Estado pasaron a dominio de empresas forestales que, en pocos años, lograron adquirir grandes extensiones de terrenos dispuestos para el mono cultivo del pino insigne. Característico de este proceso de enajenación de tierras que habían sido entregadas previamente a comunidades mapuches, fue el bajo precio por hectárea que alcanzaron los remates, prácticamente a valores diez y más veces inferiores a una hectárea actual.
Las empresas forestales aprovecharon otra ventaja que favoreció su impulso de expansión territorial, el Decreto Ley Nº 701 dictado en 1974. Este constituyó un gran aliciente para expandir las plantaciones, pues las granjerías entregadas por el Estado permitían, en primer lugar, financiar toda la expansión con subsidios que bonificaban el 75% de los costos por hectárea plantada. En economías de escala efectuadas sobre grandes plantaciones y con salarios mínimos, esto permite incluso generar ganancias con excedentes netos a las empresas forestales. Es decir, el Estado transfirió recursos a los privados para efectuar las plantaciones, y, luego del período de maduración, se apropian íntegramente de las producción. Además, este cuerpo legal estableció que las tierras plantadas y objeto de subsidios quedaban exentas del pago de contribuciones de bienes raíces rurales, lo que para las empresas con patrimonios de grandes terratenencias, constituyó un ahorro multimillonario y un incentivo a plantar con el monocultivo del pino insigne prácticamente gratuito. Finalmente, para extender las bases de la expansión forestal, las empresas quedaron aseguradas en su dominio y propiedad por este decreto ley, al establecerse que los terrenos plantados no serían objeto de expropiación.
Las empresas forestales incrementaron sus activos y pasivos y el capital, producto de las transferencias del Estado, las exenciones tributarias, la inexpropiabilidad y el crecimiento de las plantaciones, que se regulaban por precios internacionales y que en periodo de cosechas multiplican en más de un mil por ciento su valor.
Así, los fundos que estuvieron en manos de las comunidades mapuches - Santa Rosa de Colpi, Chorrillos y Temulemu-, debido a las transferencias de dominio pasaron a propiedad de Forestal Mininco, la que, aprovechando las ventajas ofrecidas por el Decreto Ley Nº 701, los plantó con pino insigne.
Los efectos medioambientales causados por la expansión de la forestación han sido múltiples y están debidamente estudiados. Han impactado a las comunidades mapuches que quedaron rodeadas o cercanas a las plantaciones. En primer lugar, en los fundos adquiridos, las empresas forestales procedieron a eliminar los escasos bosquetes remanentes de bosque nativo que, con o sin valor comercial, fueron talados debido a que quedaban fuera del modelo de monocultivo y subsidio. En muchos casos se taló incluso bosque de protección de cuencas y caudales de aguas, lo que, sumado a las demanda de aguas del pino, desecó las vertientes y alteró los flujos hídricos, disminuyendo la disponibilidad de aguas locales y afectando directamente la agricultura de las comunidades, así como el consumo humano y animal. En la actualidad las familias mapuches deben caminar largos trayectos para obtener aguas para su consumo. De tal manera que el desecamiento de las vertientes, aparte de disminuir la calidad de vida , encareció la subsistencia y puso en peligro las actividades de subsistencia de las comunidades mapuches.
Las plantaciones forestales de monocultivo de pino insigne han provocado un empobrecimiento en la biodiversidad y disponibilidad de alimentos a las familias mapuches. Además de la tala rasa de los remanentes de vegetación nativa, y en algunos casos de grandes extensiones de bosques, también se eliminó parte de la fauna local - liebres, conejos y roedores- al envenenarse todas las áreas de plantaciones para asegurar que estas especies no comieran el brote o ápice de crecimiento del pino y su tierna corteza, lo que impediría su crecimiento. Además, el uso frecuente de pesticidas lanzados por avión para el control de malezas y plagas - en especial de la polilla del brote-, provocaron estragos sucesivos en la agricultura mapuche, pues el uso de tóxicos y defoliantes afectó los cultivos de las familias indígenas.
Otras consecuencias de las plantaciones forestales han sido la expulsión de la población de los fundos, la disminución de demanda de empleo y la reducción de los salarios temporales. En efecto, la actividad agrícola marcaba un período de trabajo estacional de las comunidades mapuches, que mantenían así un precario equilibrio en la subsistencia,. Esto se desestabilizó con las plantaciones que redujeron las necesidades de mano de obra. Junto a ello, se ha producido un deterioro de los caminos rurales en los periodos de cosechas de las plantaciones debido al paso de grandes camiones cargados con toneladas de rollizos, aislando las comunidades en invierno, lo que muestra que la actividad forestal es meramente extractiva, ya que no tributa localmente, contrata mano de obra de fuera de la localidad y paga salarios reducidos. Aún más, este cuadro se ve agravado con la introducción de guardias para proteger las plantaciones.
Desde esta perspectiva, el conflicto existente entre comunidades mapuches y empresas forestales, específicamente entre las comunidades de Traiguén y Forestal Mininco, se encuentra atravesado no sólo por el problema de las restituciones de tierras que actualmente están en propiedad de la forestal, sino también por la necesidad de plantear una alternativa al modelo del monocultivo, y una estrategia de desarrollo sustentable para las comunidades mapuches, que sea capaz de preservar y recomponer la biodiversidad, y permitir un desarrollo con identidad.
Síntesis y conclusiones
Jorge Iván VergaraA la luz de lo señalado en el trabajo, se evidencia que la situación de las comunidades mapuches de Traiguén es distinta a la que han presentado las empresas forestales y los medios de comunicación y la clase política del país. Los conflictos que han enfrentado a dichas comunidades con empresas forestales no obedecen a intentos de poner en cuestión el régimen de propiedad o la seguridad pública. Tampoco forman parte de un levantamiento étnico autonómico, como se ha señalado repetidamente. Traiguén es el resultado de una historia de relaciones conflictivas entre el Estado, los propietarios de tierras (privados o empresas) y las comunidades mapuches.
No podemos en ningún caso pasar por alto la complejidad de este tipo de casos. Sin embargo, es posible ordenar y sintetizar los principales elementos en juego dentro de ellos. Sobre todo en relación con la dimensión histórica que tienen estos conflictos y que ha sido casi sistemáticamente ignorada en la discusión pública sobre el tema y en la visión que ha entregado la prensa. El problema central es la disputa en torno a los derechos (legales y/o consuetudinarios) de propiedad de terrenos aledaños a comunidades mapuches. Vimos que a partir de la conquista del territorio mapuche de la Araucanía se fue constituyendo bajo la guía del Estado la propiedad privada, estatal e indígena dentro de la región. Este proceso tuvo muchas limitaciones y falencias. La principal radica en que a los mapuches se les reconoció, a través de los títulos de merced, sólo una porción muy pequeña de las tierras ocupadas por ellos. Aquí se produce un primer gran hito en la desposesión territorial del pueblo mapuche.
Posteriormente se producen nuevas pérdidas de tierras por usurpaciones, fallos judiciales, venta semi-legales, divisiones, etc, lo que genera un sinnúmero de conflictos no resueltos por los juzgados de indios creados después de la Radicación(46). Muchos de estos conflictos son reactivados por los mapuches durante la reforma agraria. En ese período, y conforme se producían tomas de tierras por mapuches, el Estado realiza un amplio proceso de expropiación de terrenos reclamados por ellos, el que finaliza en muchos casos con la legalización de la propiedad. Sin embargo, durante el gobierno militar, un porcentaje importante de las tierras son devueltas a los propietarios no-indígenas. El conflicto queda sumergido, pero sólo temporalmente.
En el caso de Temulemu, el problema revive con los inicios de los trabajos de explotación y tala de los bosques dentro de los predios reivindicados por los mapuches y pertenecientes al fundo Santa Rosa de Colpi. Sin embargo, se añadieron dos elementos nuevos. En primer lugar, la disputa ya no tiene lugar entre comunidades y propietarios particulares, sino con empresas forestales (en este caso, forestal Mininco), que cuentan con muchos recursos y tienen además el apoyo económico y político del Estado.
En segundo término, el conflicto por la tierra se desenvuelve ahora en relación a la propiedad de los bosques allí plantados, que constituyen prácticamente el único recurso viable a utilizar por las comunidades mapuches para revertir su situación de aguda miseria.
La empresa no consideró o desconoció estos antecedentes y dio al caso una connotación policial, como se comprueba en las declaraciones hechas por sus personeros y cuerpo gerencial a distintos medios de comunicación, sobre todo en la declaración pública del 9 de marzo de 1999, donde se reitera una y otra vez que ha sido la empresa la agredida y que los mapuches han violado la ley(47).
Además de acelerar las labores de tala en los sectores en disputa, forestal Mininco reforzó la seguridad con un numeroso contingente de guardias privados, que, según testimonios presentados por los comuneros de Temulemu y por organizaciones indígenas, habrían incurrido en diversos actos de agresión y amedrentamiento de los mapuches de la zona. Ambas medidas radicalizaron el conflicto en vez de atenuarlo, a lo que contribuyó el intenso control policial desplegado en la zona y el inicio de procesos judiciales contra mapuches supuestamente involucrados en actos de violencia o contra la propiedad.
Si se consideran los antecedentes históricos más lejanos de este y otros casos similares, obtenemos una visión diferente y más compleja que la presentada por Mininco y los medios de comunicación. En primer lugar, las acciones de las comunidades indígenas en Traiguén, Lumaco y Lleu-Lleu, se basan en la existencia de una demanda de tierras muy anterior a la llegada de las empresas forestales. En el caso de la comunidad de Temulemu, ésta realiza desde 1926 gestiones para obtener la restitución de tierras antiguas no incluidas en el Título de Merced (327 hás pertenecientes al fundo Santa Rosa de Colpi) y de una parte de dicho Título que había sido ocupada por propietarios particulares (58,4 hás), sin encontrar hasta ahora una solución judicial. Sólo durante el período de la Reforma Agraria se produjo un vuelco en la situación, como ya lo señalamos antes.
Lo anterior nos remite a un segundo gran problema, la explotación forestal. Desde fines de los años setenta grandes empresas comienzan a adquirir predios en Traiguén, como también en otras áreas mapuches en Malleco y Arauco. La producción forestal ha acelerado un proceso de empobrecimiento de los recursos naturales y materiales de las comunidades mapuches del sector. Por sus características (monocultivo, especie plantada, uso de pesticidas y consumo muy alto de agua por los árboles), ha terminado por prácticamente agotar los medios de subsistencias de una población ya muy pobre antes de la llegada de las forestales. La política estatal de fomento de la producción forestal ha beneficiado a grandes empresas, mientras las comunidades mapuches han visto deteriorarse aún más sus ya muy reducidos recursos de subsistencia, deteriorados en las décadas anteriores por el crecimiento de la población, la erosión de los suelos y la desaparición de vínculos económicos con las propiedades no-indígenas colindantes.
Con ello, aparece la pobreza como un tercer nivel del conflicto. No se trata de una pobreza inherente, congénita a la sociedad mapuche, sino de una pobreza causada por una disminución progresiva de los recursos y derivada de relaciones desiguales con la sociedad mayor.
La descripción anterior nos revela también la responsabilidad del Estado en la generación de estos problemas. El Estado chileno ha sido un actor permanente en el caso de Traiguén, como en el de las demás comunidades mapuches en conflicto con empresas forestales o propietarios particulares. Es el Estado el que conquista y luego "reduce" -literalmente- el territorio mapuche, dejando a los indígenas una fracción insignificante de las tierras ocupadas por ellos antes de 1884. El Título de Merced, de 922 hás, entregado ese año a la comunidad Temulemu, no incluyó los terrenos de bosques, pastadas y cultivos, indispensables para la subsistencia adecuada de los mapuches. Luego, una mala política fiscal de colonización pone en manos de unos pocos propietarios inmensas extensiones de terrenos ubicadas en medio de las antiguas áreas mapuches. El fallo del Juzgado de Indios de Victoria de 1931 confirma la indefensión legal de los comuneros de Temulemu, al negar toda validez a las demandas de ampliación del título de merced y, al parecer, a no hacer efectiva tampoco la recuperación del predio dentro del título que estaba ocupado por particulares. Treinta años después, durante la reforma agraria, el Estado vuelve a hacerse presente, pero ahora devolviendo las tierras que ¡él mismo! les había quitado a los mapuches ochenta años antes, para volver a quitárselas menos de un año después. Todo ello, de la mano de una inadecuada política de fomento y desarrollo económico y social de las comunidades indígenas, que comienzan a agotar sus recursos internos y van sufriendo un descenso progresivo de sus condiciones de vida. Finalmente, en el período más reciente, por la incapacidad de hacer de la ley indígena de 1993 en una herramienta de protección de los derechos indígenas y de ampliación de sus recursos a fin de sustentar un desarrollo sustentable y respetuoso de la identidad étnica.
Tomando en consideración todos estos antecedentes, puede afirmarse que el caso de Temulemu, como el de muchas otras comunidades mapuches del país, es el resultado de una historia de ocupación, despojo y pérdida de las tierras y recursos de dichas comunidades, en la que el Estado tiene una responsabilidad fundamental. Compromete a su vez un modelo de desarrollo forestal, que no ha considerado los intereses de los pequeños propietarios y las comunidades indígenas, y que ha sido protegido e incluso subsidiado por el Estado en diversas formas. Se vincula, de una manera más inmediata, a la relación que han establecido las empresas forestales con tales comunidades, así como la reacción de una opinión pública minoritaria, pero influyente, que ha creído o querido ver en las acciones reivindicativas o de defensa de parte de los mapuches una suerte de rebelión contra toda legalidad, toda propiedad y todo principio de orden. La acción de los medios de comunicación en generar y difundir una visión de este tipo ha sido decisiva. A la inversa, los medios de comunicación han silenciado las acusaciones que los comuneros de Temulemu y organizaciones indígenas han hecho respecto de las agresiones que habrían sido objeto por parte de guardias de empresas forestales y de fuerzas de carabineros. Se ha tendido un verdadero cerco policial en torno a esta comunidad, cuyos problemas económicos, sociales y legales ameritarían una acción de apoyo, no de vigilancia por parte de las autoridades. Con todo, debe subrayarse no sólo el rol del Estado o de las empresas forestales, sino también el de la sociedad chilena en su conjunto, en quien recae una gran responsabilidad en cuanto a buscar una nueva relación con el pueblo mapuche. Sin ella, los conflictos aquí analizados difícilmente podrán encontrar una solución.